El 4 de abril, el controvertido anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial salió del Consejo de Ministros, y casi de inmediato, arreció una tromba de reacciones en contra. Se acogió con controversia, desde la propuesta para que los miembros de la Casa Real sean aforados hasta la supresión de los puestos de decanto, una voz de representación institucional e interlocución que, además, es un órgano democrático elegido por los jueces en urna.

El rechazo amplió el espectro, aglutinando a alcaldes, oposición y sindicatos, con la propuesta de reforma territorial que daría un vuelco a la estructura actual de partidos judiciales nacida hace dos siglos.

Debido a la contestación de todo el sector y a las espadas en alto de los agentes sociales, en el PP. asumen que la reforma mudará con respecto a los planteamientos iniciales. Creen que la tramitación será larga y transcurrirán "muchos meses" hasta que el anteproyecto se convierta en proyecto de ley e inicia el debate de votaciones y enmiendas en las Cortes.

Con elecciones a un año vista, tampoco parece un complemento idóneo con el que los alcaldes del PP. lidien con sus votantes. En la judicatura tampoco descartan que la ley, tras este debate inicial, se posponga al próximo mandato.