El TSXG anuló en noviembre de 2010 la adjudicación de ayuda a domicilio pero el contrato se resolvió un mes después por mutuo acuerdo entre el Concello de Ourense y la adjudicataria, que durante un año, sin contrato y con reparos del interventor, siguió prestando el servicio y cobrando unos 3 millones de euros. La funcionaria imputada C.F.D. elaboró el informe que proponía a la junta de gobierno la resolución. Pero de ese documento existen dos variantes con dos fechas distintas.
