Los trabajadores del Concello de Ourense afectados por la supresión de los pluses en sus nóminas celebraron ayer una asamblea para acercar posturas y acordar medidas de presión para exigir las retribuciones que, según un reparo del interventor, son presuntamente ilegales. La advertencia dada al alcalde y a la concejala de Personal sobre la responsabilidad contable en la que ambos pueden incurrir si siguen abonando estos complementos fue decisiva para que el regidor, Agustín Fernández, anunciase su retirada de la nómina.
Esta actuación fue calificada de "cobarde" por alguno de los 120 trabajadores que asistieron ayer a la asamblea, en la que todos coincidieron en que la plantilla municipal (900 trabajadores) está siendo utilizada como arma en una "guerra política" que enfrenta al alcalde con el interventor, Gonzalo Alonso. Incluso se sugirió pedir el cese del alto funcionario que ha "consentido sin reparo alguno" que los trabajadores percibiesen esta retribución desde que llegó al Concello de Ourense en 2000, "incluso cuando no había acuerdo regulador".
Tras un intenso debate, la mayoría de los asistentes acordaron por unanimidad denunciar al alcalde y a la concejala de Personal, Carmen Dacosta, en el caso de que su nómina de febrero no contemple los complementos, tal y como lleva haciéndolo desde 1991. El importe de estos pluses es relevante en muchos casos de policías y bomberos ya que llega a cubrir la mitad de la nómina.
La junta de personal, representada por cinco fuerzas sindicales, defiende que el acuerdo regulador que contempla estas retribuciones específicas fue aprobado en pleno con el apoyo del PSOE y del BNG, la abstención del PP y el rechazo de Democracia Ourensana. Para los afectados, "solo un juez puede decidir que no se paguen, pero mientras eso no suceda existe un acuerdo regulador que hay que cumplir", según el presidente de la junta de personal, Julio Domínguez. Mañana miércoles es el plazo máximo que dan al alcalde para que les presente una solución. Agustín Fernández se comprometió el viernes por escrito a buscar "alternativas jurídicas", y solo con ese documento logró que policías y bomberos que habían tomado el consistorio descartasen un encierro. Ayer se mostraron dispuestos a volver mañana y "no salir de allí si no es con el dinero". También barajan "reventar" el pleno del viernes.
Los trabajadores advierten de que no van a aceptar "otra cosa que no sea la recogida en el acuerdo regulador", que hasta la fecha es el único texto legal que avala sus nóminas: "Pasó todos los trámites, incluso el de la Subdelegación sin que nadie lo denunciase y está publicado en el BOP, así que es válido", manifestó Julio Domínguez. Para los trabajadores el reparo del interventor no es más que un "aviso no vinculante".
Aunque la mayoría de los afectados son policías y bomberos, también están perjudicados empleados de Cultura y de Cementerios, que trabajan fines de semana y festivos. Los pluses suprimidos son los de nocturnidad, festividad, trabajar fuera del municipio y ayudas sociales.
Por su parte, el Concello de Ourense aseguró ayer que los servicios jurídicos municipales están trabajando en la elaboración de un informe que establezca alternativas al pago de las retribuciones sin riesgo de supuesta ilegalidad. En cuanto a la nómina de febrero, el gobierno local garantiza que los trabajadores "la van a cobrar" aunque todavía no se sabe mediante qué formula, barajándose la posibilidad de una nómina complementaria.
