Las modificaciones de ordenanzas municipales y el reconocimiento extrajudicial de créditos para pagos pendientes fueron el desencadenante que llevó al portavoz del grupo municipal del PP, Rosendo Fernández, a solicitar formalmente en el pleno, por "dignidad" y "falta de respeto" a los ciudadanos, el cese o la dimisión del concejal de Economía, Agustín Fernández, por convertir al Concello de Ourense en "pufero". Se refería a que el Ayuntamiento no ha pagado la parte que le correspondía por la urbanización en la zona de O Fonsillón-A Farixa, donde se ubicará el centro comercial de Eroski. En total debe 224.000 euros, requeridos por la junta de compensación en 2009, y además ahora tiene que abonar unos 44.000 euros en concepto de "recarga de intereses".
Y eso que el interventor municipal advirtió en su informe sobre una "gestión arbitraria administrativa", cuestión a la que aludió la edil de DO, Susana Gómez, quien criticó la postura del concejal de Economía, al anunciar que "no pagará" los intereses de recarga "porque no le da la gana". Es por eso que además de recriminarle que no exista un informe del concejal explicando los motivos para no pagar ese recargo, le recordó que "este es un concello y no el chiringuito al lado de la playa".
Para el edil de Economía, la petición que hacen los populares de su cese es una "payasada", y anunció que se hará efectivo el pago de esa deuda de 224.000 euros, pero sostiene que no la del recargo, que rebajó a 37.000 euros, por entender que la junta de compensación, en la que está el Concello, no la reclamará, y en caso de hacerlo, "también recibiríamos nuestra parte".
Esta justificación derivó hacia un debate económico muchos más agrio en el que, además de los datos, salió a relucir el "nepotismo" y el "despilfarro" del bipartito, que para Rosendo Fernández se refleja en el coste mensual del gabinete de prensa del alcalde, cuatro personas, incluida la hija del concejal de Economía, que superaría los 10.000 euros, aunque según los datos que aportó, la cifra se incrementaría en algo más de 12.300 euros, si se incluye el chófer del alcalde.
El portavoz popular espetó al alcalde: "Es un insulto a los ourensanos, sobre todo en tiempos de crisis", además de subrayar que la contratación de la hija de concejal es el primer caso que se da en el Concello desde la llegada de la democracia.
Y aunque reconoció que el "debate corresponde a otros", Agustín Fernández no dudó en justificar la contratación de su hija, apelando a lo de "personal de confianza", y revelar que pasó a ocupar el puesto que antes tenía el BNG, con un cambio de nomenclatura. Además de arremeter contra lo populares, a los que "no se cuestionó a quién contrataron como jefe de prensa o responsable administrativo del grupo".
Ordenanzas fiscales
El otro frente abierto fue el de la modificación de las ordenanzas fiscales para 2012. Lo que para Agustín Fernández supone una "contención del gasto fiscal", y solo se actualizan algunos tributos en el IPC, un 3%, la concejala popular, Beatriz Tejada, denunció la "gran mentira", ya que "estamos ante una subida de impuestos para recaudar", y cuestionó su legalidad. Citó como ejemplo más palmario los 250 euros que tendrán que abonar aquellas personas por un "papel de licencia de apertura". A este respecto aseguró que se trata "de un impuesto revolucionario en toda regla".
Y trasladó al edil de Hacienda la formula para contener de verdad el gasto corriente: "Bajar los sueldos de asesores y personal de confianza, para, de esa forma, no subir las tasas y los impuestos municipales".
