La infantería judicial habla (y II)

Un segundo aspecto que abordan los jueces decanos atañe a una ya vieja reivindicación injusta y reiteradamente desatendida: medidas que alivien la sobrecarga de trabajo que pesa sobre los tribunales españoles. La petición pasa por la indeclinable necesidad de adecuar la planta judicial a las necesidades de los juzgados. Por ofrecer una pauta significativa, se acude siempre a una mirada comparativa con otros países europeos acerca del número de jueces por cada 100.000 habitantes: 11,2 en España, 17,6 en Europa. La judicatura española ha insistido incontables veces en la perentoria necesidad del incremento del personal judicial, petición que ha tenido por toda respuesta la indiferencia y el silencio. Con base en los informes del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia cifraba en 269 las plazas de jueces necesarias para todo el territorio nacional, cuando las necesidades reales superan las 500. Pese al clamor de estas cifras, el Ministerio de Justicia decidió crear el año pasado 70 unidades judiciales para todo el territorio nacional. Llevamos décadas en las que el crecimiento está siempre por debajo de las necesidades reales.

De todos modos, conviene advertir que el incremento de plazas judiciales, con ser medida absolutamente necesaria, no es elixir mágico que resuelva los problemas y graves carencias de la justicia en España. Hay que contar con otras reformas absolutamente precisas: inversión suficiente en medios, compatibilización de los sistemas informáticos de las distintas comunidades autónomas, nuevo diseño organizativo de la oficina judicial, adecuación del ordenamiento procesal, revisión del sistema de selección de jueces, etc.

“Hace ya más de cuarenta años que ingresé en la carrera judicial y desde entonces se han venido repitiendo invariablemente las mismas lamentaciones y reivindicaciones”

Me he prometido varias veces no volver a escribir sobre estas tribulaciones y estos horizontes inclementes, hastiado como estoy de este tema, y, a la vez, profundamente desesperanzado por la inutilidad de toda protesta de esta índole. Pero, al final, siempre hay alguna noticia que hace de espoleta. He dicho desesperanzado, sí, porque hace ya más de cuarenta años que ingresé en la carrera judicial y desde entonces se han venido repitiendo invariablemente las mismas lamentaciones y reivindicaciones, por causa de una justicia que vive siempre muy por debajo de sus necesidades, pobre en medios y recursos, sofocada por el peso de una carga de trabajo que sobrepasa en muchos casos los límites establecidos por el propio CGPJ; una justicia, por otro lado, harta del descaro de quienes, con dejación de sus deberes de gobernantes y responsables del buen funcionamiento de la Administración de Justicia, se relajan confiados en el redentor y compensatorio trabajo perseverante de unos jueces desbordados, impelidos, por responsabilidad, a un esfuerzo continuado que llega a hacerse difícilmente soportable. Ha de saberse que aquella insensibilidad e indolencia de los poderes políticos se traduce en quebranto para la salud de los jueces y en menoscabo de la calidad de la justicia.

El prolongado incumplimiento por parte del CGPJ de la obligación de regular la carga de trabajo de los jueces y magistrados a efectos de salud laboral, recogida en el apartado 5.2 del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial (2015-2016), dio lugar a que las asociaciones judiciales, cansadas de esperar, se decidieran a formular reclamación judicial contra el Consejo. Triste e insólito. El litigio terminó por sentencia del Tribunal Supremo (22 de septiembre de 2023, Pleno de la Sala cuarta) que declaró que el CGPJ había incumplido su obligación de regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral; y a la vez, condenó al mismo Consejo a regular de una vez dicha carga. Y a la espera estamos todavía.

Sin duda alguna, y dado este estado de cosas, insisto en decir que el comunicado de los jueces decanos ha sido en exceso benigno y amable. Y si en estos temas, prosiguen jueces y asociaciones con meras protestas verbales y comunicados, bailando un melindroso y palaciego rigodón con un CGPJ catatónico y en estado de premomificación, lo harán a su ritmo desacompasado y torpe, pero no al que interesa a la justicia y a los intereses y derechos de los justiciables.

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