Donald Trump hace de la inmigración ilegal su principal caballo de batalla

Al final, el intenso activismo judicial desplegado en varios Estados de la Unión no logró la descalificación de Donald Trump como aspirante de nuevo a la presidencia de EE UU.

Cuantos más frentes judiciales se le abrían, más crecía paradójicamente la popularidad del republicano, que se presentaba a sí mismo en los mítines como un nuevo eccehomo, perseguido por sus enemigos en el Gobierno, la justicia y los medios de comunicación.

Trump y sus incondicionales, a los que la llamada “prensa liberal” presenta muchas veces como gente de los sectores con menos educación, los “deplorables” como los llamó Hillary Clinton, siguen convencidos de que el demócrata Joe Biden les robó la Casa Blanca.

Incluso el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, por una turba de enfervorecidos seguidores lo presentan sus partidarios como una trampa tendida por el FBI, que infiltró entre los asaltantes, según ellos, a centenares de agentes provocadores.

Sus partidarios, que se expresan sobre todo en los medios alternativos, acusan tanto al Departamento de Justicia, al FBI con el apoyo de los grandes medios de proteger al presidente Biden y a su hijo, Hunter, sospechoso de corrupción, para cortarle el paso a Trump.

Al final, no será la política exterior –la intervención en Ucrania para desgastar a Rusia o el apoyo incondicional de Biden a Israel, algo en lo que no parece haber diferencias entre los dos políticos– lo que determine el resultado de las presidenciales del próximo noviembre.

Será el estado de la economía – “es la economía, estúpido”, que dijo en su día el demócrata Bill Clinton–, pero sobre todo la crisis migratoria en la frontera sur, la que determine seguramente el resultado de esas elecciones.

Un exagente de aduanas y fronteras llamado J.J. Carrell acaba de publicar un libro titulado “Invaded” (‘Invadidos’) en el que acusa al secretario de Seguridad Nacional del Gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, de inundar deliberadamente EE UU de inmigrantes ilegales.

Según Carrell, a muchos de ellos, el Gobierno les paga incluso el viaje en avión a la ciudad que quieran, así como la comida, el alojamiento y el teléfono móvil, algo que, critica el exfuncionario, está transformando radicalmente el sistema inmigratorio del país.

Trump y los suyos sospechan que se trata de un plan destinado la alterar la demografía del país –equivalente al “gran reemplazo” del que habla el francés Renaud Camus– e identifican, como hace la extrema derecha europea, inmigración con delincuencia: desde el tráfico de drogas o el de menores no acompañados hasta el terrorismo.

Y denuncian de paso que las mafias mexicanas están cobrando miles de dólares a quienes, procedentes de cualquier parte del mundo, intentan entrar ilegalmente en Estados Unidos.

Mientras que algunos legisladores defienden la inmigración porque aliviará los problemas de reclutamiento en las Fuerzas Armadas y ayudará a rebajar salarios, los trumpianos acusan a los demócratas de potenciarla solo para atraer a nuevos votantes, ilegales o no, a su partido.

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