Puigdemont, eurodiputado y terrorista

Pegarle una patada a una papelera es un gesto vandálico, que aconseja alejarse de quienes se pronuncian a coces. Ahora bien, si el gamberro grita 'viva la República' al dañar el mobiliario urbano, la insulsa alusión política transforma su acción en un caso de terrorismo indefinido. Más aún, su entrenador en el equipo de fútbol puede ser acusado de autor intelectual del chut. El caso de Puigdemont es más radical, porque ni siquiera ha derramado una papelera. Pese a este pacifismo en sí mismo sospechoso, el expresident de Cataluña ya fue golpista, y ahora debe ser perseguido según el Supremo como un peligroso terrorista.

No hay un solo ciudadano que pueda alegar una lesión física inducida por Puigdemont, ni siquiera endosándole el gamberrismo de cualquier catalán que se defina como independentista. Pese a ello, se le asigna un terror más espiritista que espiritual, en un país donde ETA mató a novecientas persona más otras doscientas víctimas de Al Qaeda. La investigación de los asesinatos no esclarecidos puede esperar, lo importante es la papelera y la papeleta del prófugo de Bruselas. Porque Puigdemont amontona papeletas, hasta cerca de un millón de votos que recibió para adquirir la condición de eurodiputado. Este respaldo obligaría a refinar las acusaciones contra un representante público, pero se convierte en una prueba adicional en su contra. Dado que los miles de electores independentistas conocían con detalle la conducta que se atribuye a su representante en el Parlamento Europeo, se convierten en cómplices flagrantes de terrorismo. En una estimación solo indiciaria, España pasaría a albergar a unos diez millones de terroristas, cuesta imaginar que se disponga de castigo suficiente para todos ellos.

El desquiciamiento de Cataluña ha acabado por inducir un elemento de justicia irracional, encaminada a resolver los traumas personales de jueces milagrosamente identificados con la doctrina de sus partidos políticos favoritos. Quienes pronuncian lowfare el lawfare aciertan al errar, porque define una justicia de muy baja calidad. La acusación de terrorismo ha de ser más flagrante incluso que la de asesinato, y aquí ni siquiera hay cadáver. Puigdemont no paga los hechos prehistóricos de 2017, sino haber investido al candidato equivocado.

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