Peaje gallego para jubilados holandeses

Cada vez que un gallego paga el peaje de su principal autopista está contribuyendo –entre otras cosas– a sufragar las pensiones de los jubilados holandeses. Son paradojas de la economía global, que facilita el trasvase de capitales desde países con baja renta per cápita (un suponer, Galicia) a aquellos que destacan por su riqueza.

La razón estriba en que la AP-9 tiene como accionista principal a la mayor gestora de pensiones de los Países Bajos, que adquirió el paquete de control de esta y otras vías de pago gallegas hace cosa de un par de años.

Nada hay que objetar, naturalmente. También las empresas gallegas hacen negocios en el resto del mundo y hasta invierten sus ganancias en el parque inmobiliario de otros países. Son las leyes del mercado, aquí y en Pekín.

La construcción y explotación de la Autopista del Atlántico, que tanto ha ayudado a vertebrar Galicia, recayó hace algo más de medio siglo en un grupo de bancos españoles, por más que su titularidad fuese y siga siendo del Estado.

Desde entonces, la concesión no ha parado de cambiar de manos. Primero pasó a las del Estado, que la administró desde 1984 hasta su reprivatización en 2003. A partir de ahí fue explotada por un grupo inmobiliario español, dos fondos de inversión de Estados Unidos y otro de pensiones de los Países Bajos, ahora al mando.

Algunos de los últimos cambios de propiedad hubieran sido poco probables, eso sí, de cumplirse el plazo de explotación establecido en 1973, que fijaba su vencimiento en agosto de 2012.

Sucede que ese período fue prorrogado tres veces, hasta situar en el lejano 2048 la fecha en la que expira la concesión. (Cierto es que la última ampliación está siendo analizada por los juristas de la Comisión Europea, que podrían darle marcha atrás).

"Parece excesivo, si acaso, que la explotación del negocio se prolongue durante 75 años"

Quizá esta accidentada historia financiera de la autopista explique el debate sobre su titularidad. Hasta en cuatro ocasiones han solicitado unánimemente su traspaso a la Xunta los partidos con asiento en el Parlamento gallego: la última de ellas el pasado diciembre. Para que luego digan que los políticos no se ponen de acuerdo ni a la hora de establecer si llueve o hace sol.

Los gobiernos centrales –tanto del PP como del PSOE– han denegado tenazmente la petición, con la pintoresca consecuencia de que un mismo partido votase una cosa en Santiago y otra en Madrid, según de dónde soplara el viento. Lo hicieron alegando difusas razones de interés general que, sin embargo, no fueron obstáculo para el traspaso de la titularidad de autopistas al País Vasco y a Cataluña.

Igual eso no es tan importante. Ya las controle el Estado, ya un reino autónomo, las que en realidad gestionan las autopistas y sus golosos peajes son las concesionarias, a menudo propiedad de algún fondo de inversión.

Parece excesivo, si acaso, que la explotación del negocio se prolongue durante 75 años, como ocurrirá en el caso de la Autopista del Atlántico si la UE no lo remedia. Pero tampoco hay porqué ponerse quejicosos. Los peajes, a fin de cuentas, cumplen la función social de ayudar al pago de pensiones, aunque sean las de los jubilados holandeses. Para eso han invertido aquí.

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