Sánchez: ¿una investidura por treinta monedas de plata?

Enrique César López Veiga

Enrique César López Veiga

El caso más paradigmático de lo que constituye una repugnante traición, es la de Judas que por treinta monedas de plata vendió a Jesucristo y que tan bien se relata en el Evangelio de San Mateo: “¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata”. De manera análoga, Pedro Sánchez parece querer entregar el orden constitucional y el estado de derecho a los independentistas de todo pelo a cambio de las monedas que en este caso son los votos que necesita para lograr la investidura, cometiendo así traición.

Y para que nadie se soliviante más de lo necesario, me refiero con ese calificativo de traición, a que el presidente en funciones se traiciona a sí mismo ya que se prepara a hacer lo que negó con rotundidad que iba a hacer antes de las elecciones, y todo ello por treinta denarios de plata en forma de votos. He escuchado al expresidente Aznar y en este caso estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice de que es imposible inhibirse ante esta situación muy preocupante para la salud de la democracia.

Algunos somos radicalmente demócratas, en el sentido de que creemos que la democracia se basa en las libertades individuales expresadas en la fórmula de “un hombre, un voto”; que creemos en el derecho de manifestación expresamente contenido en nuestra Constitución y que el ejercicio de ese derecho no es en absoluto nada antidemocrático, sino todo lo contrario; que creemos que la alternancia de los partidos en el poder, al que solo es lícito llegar por el voto libre de los ciudadanos, es algo sano y conveniente para el sistema; que creemos que el respeto escrupuloso a las opiniones de los adversarios es esencial, pero siempre dentro del respeto al orden Constitucional y a las normas del Estado de Derecho. Si no existe respeto al estado de derecho la democracia no es posible, igual que el respeto escrupuloso a la separación de poderes.

Siempre he opinado que los nacionalismos independentistas (que no son ni el galleguismo ni el catalanismo) no son progresistas sino cavernícolas y reaccionarios porque se basan en un racismo o supremacismo contra el resto de las regiones españolas: dejémonos ya de tonterías, Sabino Arana era un descerebrado racista como la mayoría de los inspiradores del nacionalismo independentista catalán. Pues bien, he tenido la paciencia de leer la propuesta de ley sobre la amnistía y tengo que decir que, a mi juicio, es un disparate de quilla a perilla. Viene a decir y afirmar que los independentistas actuaron correctamente y que por el contrario tanto el Gobierno de España, el Senado y el conjunto de los tribunales adoptaron decisiones o emitieron sentencias injustas cuando lo que deberían haber hecho (según los autores de esta monstruosidad jurídica) es plegarse a soluciones de tipo político. Simplemente el encabezado de este disparate ya lo descalifica por sí mismo: ¿Cómo que existe un conflicto político entre Cataluña y el Estado español? En todo caso existirá un conflicto entre algunos políticos catalanes y los tribunales de justicia.

Además, se amnistían los delitos de malversación y fraude económico. Pero andemos con cuidado porque esto puede entrar en contradicción con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que, entre otros, en su artículo 325 establece la obligación de todos los Estados miembros y la Unión de luchar contra el fraude. Esto puede abrir la posibilidad de recurso ante las instituciones de la Unión (eso espero). En definitiva, que una ley como la propuesta debe de extremar las condiciones de legalidad y por ello sería lo más sensato requerir el dictamen de todos los órganos judiciales relevantes, así como del Consejo de Estado y letrados de las Cortes, no descartando a las propias instituciones de la Unión Europea. Espero que como alguien ha dicho, esta ley se combata por tierra, mar y aire.

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