La ¿Justicia?, otra vez

Desde hace algún tiempo –no demasiado, esa es la verdad–, la justicia, en su sentido profesional, había logrado una cierta tranquilidad, una vez que la debilidad del PSOE ante sus socios y apoyos había respaldado una auténtica oleada de disparates legislativos. La evidencia demostró que la Magistratura no es machista, ni fascista y que, salvo alguna excepción en ambos lados del escenario político, tampoco de derechas ni de izquierdas a la hora de juzgar. Y que aquí los tribunales tienen defectos, pero sobre todo –y no sólo– en dotación de personal, material y locales. O sea, como en varios otros países democráticos. Y que los jueces pueden pensar lo que quieran, pero que cuando hay que juzgar, establece el antiguo principio de dura lex, sed lex. Y punto.

Este introito viene a cuento, por supuesto, para que nadie se llame a engaño tras la poco explicable reconversión del ministerio fiscal en el “caso Alvia” –mejor, la catástrofe de Angrois– porque donde dijo digo dice Diego y cuando vio delito ahora ve inocencia y cambia su calificación provisional de los hechos a la hora de elevarla a definitiva. Es posible que por falta de pruebas, pero hay una realidad: decenas de muertos y más de un centenar de heridos que, junto a sus familiares, rechazan indignados ese cambio. Sin excusas ni pretextos que, como algunos se malician, sería motivado por una orden del fiscal general. O sea, el Gobierno, buscando evitar un fallo contrario a sus intereses.

(La mera exposición de la hipótesis puede suscitar recelos e incluso la desaprobación de parte de la ciudadanía. Por eso procede recordar que no ha sido quien expone esta hipótesis el que dijo que “la Fiscalía está a las órdenes del Gobierno”. Fue el actual presidente, ahora mendicante de plató en plató y emisora en emisora –además de los periódicos–, para tratar de corregir hechos a base de palabras en las que ya casi nadie cree. Sin embargo, todo eso no es decisivo: la sentencia podría retrasarse hasta octubre, y casi con toda seguridad será recurrida por las partes. Y eso deja margen para reducir la sospecha a un simple recelo. Pero por algo dijo el refrán lo de “piensa mal y acertarás”. Con perdón).

Lo realmente preocupante es que no haya extrañado siquiera algo que, sin ser ilegal, resulta impropio. Y es que el fiscal general hubiese ordenado a su gente en Galicia que traten de evitar un posible problema al Gobierno en el caso de que el exdirector de Seguridad procesado fuese condenado culpable y, por ello, que retire los cargos. Es cierto que a lo largo de la vista oral se produjeron testimonios de cuyo contenido sólo puede deducirse que tanto Renfe como Adif, ambos dependientes del mismo Ministerio, eran como un par de patios de Monipodio en los que se necesita valor y un guardaespaldas para entrar. Y si eso fuere así, no hay quien pueda fiarse de los ferrocarriles españoles.

Quede claro que en opinión de quien la expone, eso sería del todo injusto: lo ocurrido puede y debe ser juzgado y objeto de sentencia en un procedimiento al margen de cualquier Gobierno, y recursos aparte, la calidad de la jueza actual lo garantiza. Pero la imagen de la Fiscalía queda gravemente tocada y la tragedia de Angrois, por ello, vuelve a dañar a las familias de las víctimas y a los heridos y supervivientes. Y eso, aunque finalmente no se acepten por el Tribunal las conclusiones del Ministerio Público, hace daño igualmente a la imagen de una Justicia que vuelve, otra vez, a ser objeto de discusiones y recelos. Diez años después y con todo esto, la fatídica curva vuelve al primer plano, y la extrañeza de que nadie haya sido requerido –ni siquiera como testigo– durante la instrucción, que por cierto cambió varias veces de juez, para clarificar tanta oscuridad, es inaudito. Las víctimas, sus familias y la Justicia no se lo merecen. Y el país, tampoco.