Las incógnitas

La cosa está clara, al menos para quien quiera verla tal como realmente es: a los gobiernos de la mitad de Europa –por lo menos e incluyendo al español, aunque con algunos matices– les importan más los peces que los pescadores. Y esa afirmación, que pudiera parecer temeraria para algunos, se corrobora con datos. Sin ir más lejos, los que acaba de publicar este periódico acerca de la situación real del sector. Decía el decano de la prensa española que, para la industria transformadora, la extractiva tiene que adquirir el doble de lo que captura. Es el efecto de los costes por la inflación y/o vetos europeos a caladeros tradicionales, de la flota gallega. por ejemplo, aunque hay otras también afectadas.

No se trata sólo de insistir en lo que, por repetido, conoce la gran mayoría de la población, desde el exagerado y poco respaldado científicamente conservacionismo –al decir de algunos expertos–, y los intereses comerciales de países terceros, que venden en el mercado europeo más barato y sin ataduras de las normas internacionales. Y no hay tampoco control efectivo de esas importaciones por parte de la Comisión correspondiente de la UE con el mismo espíritu medioambientalista que aplica a sus socios. Mientras, da la impresión de que el Gobierno español –éste y los anteriores– se ha resignado a manejar los asuntos pesqueros desde una posición en la que no se le da la prioridad que tienen otros.

Y hay que sumar, además, que las restricciones provocan una serie de desguaces y/o ventas de buques que reducen el tamaño de la flota gallega, en consecuencia directa sus capturas y como daño colateral obliga a las pesqueras a importar: más de 600.000 toneladas, de acuerdo con los datos de FARO. Ante todo ello, la Xunta hace lo que puede, que no es demasiado, y el Gobierno central, que podría, ni siquiera ha aplicado la rebaja del IVA al pescado, con lo que sus precios se han vuelto casi prohibitivos para la gente del común. La situación se ha denunciado en varias ocasiones sin que haya llegado solución más allá de las aparentes buenas intenciones. De facto, el veto se ha extendido.

Así las cosas, el futuro, aparte de paradojas, rebosa incógnitas. No parece que Bruselas vaya a aflojar sus criterios ni excesivo temer que la pesca apenas sobreviva en Galicia si no es en manos de las nuevas potencias orientales. No es pesimismo gratuito: quedó dicho que cuanto precede es conocido por las autoridades europeas y españolas –además de por la opinión pública–, y la falta de respuesta, con el refuerzo de las limitaciones , junto a la aparente incapacidad del ministerio para obtener de la Unión medidas sociales que se dirían elementales para el sector, sólo lleva a ratificar la opinión que se dejó escrita. Aparte de agravar las incógnitas de cara al porvenir.

(Aún queda otro “detalle” –quizá una anécdota, pero reveladora– del escaso interés del Gobierno por los asuntos marítimos –especialmente los gallegos, otra y que rubrica lao cuanto se afirma: el trato que se da desde Madrid a la sede de Instituto Español de Oceanografía con sede en Vigo. FARO informó de que sus instalaciones están en mal estado, con documentación remitida sobre el problema ya desde 2014 y que ahora niegan las denuncias correspondientes mediante una confusa explicación. Y no es raro: aquí se vive en paradojas y extraños sucesos políticos desde hace unos años. Lo más destacado, e inaceptable quizá, es eso de que cuando se está en la oposición se descalifica casi todo y cuando se llega al poder se arregla casi nada. Otra incógnita es cuánto durará ese juego absurdo.

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