La vivienda pública necesita mucho más que esta ley

En el Gobierno, mayormente en su ala más izquierdista, se ha instalado la creencia, con todo lo que de irracional tiene el concepto, de que la realidad de un país se cambia a golpe de ley. Basta con aprobar una norma para que el problema quede resuelto de forma milagrosa. En esta nueva política, creencia y milagro van de la mano, un binomio extravagante cuyos resultados saltan a la vista.

Sin necesidad de remontarnos al pasado más remoto, acabamos de comprobarlo con la tristemente célebre ley del solo sí es sí. La facción podemita del Ejecutivo impuso una norma que desde el primer minuto se demostró desastrosa: rebaja de condenas a cientos de agresores sexuales, cuando no su salida adelantada de la cárcel. Pese a las continuas advertencias, en especial desde el ámbito jurídico, las ministras Irene Montero y Ione Belarra se empecinaron en la idoneidad de su ley, despacharon a los críticos como machistas a extinguir y se resistieron hasta el final a una reforma que finalmente el PSOE, en un arrebato de realidad y viendo la sangría electoral que estaba sufriendo, impulsó con los votos del Partido Popular. Una norma nacida para atajar un problema lacerante, cargada de buenas intenciones (que como nos recuerda el dicho son las que empiedran el camino hacia el infierno), devino en un colosal desastre.

Inmunes a esta experiencia, el Gobierno, en una carrera legislativa frenética, lanza ahora la Ley de Vivienda. Más allá de la necesidad de legislar sobre la materia, la primera consideración que sobreviene es la motivación inequívocamente oportunista. A siete meses de la celebración de unas elecciones generales que todas las encuestas indican de resultado incierto, el Ejecutivo pretende dar un golpe de efecto en su política social con una norma que aspira a resolver de sopetón un problema estructural: la insoportable falta de vivienda de protección social. Y pretende hacerlo con un texto redactado a golpe de brochazos en forma de artículos que poco se compadece con la complejísima realidad que pretende resolver. Otra vez se instala en el Gobierno –no hace falta más que escuchar a sus ministros– la convicción irracional de que aprobada la ley, fin del problema.

Ley de Vivienda: luces y sombras

El déficit de vivienda pública es un mal endémico. Pese a ello, ningún Ejecutivo ha querido afrontarlo de forma valiente, diseñando una política clara, coherente, sólida y sostenida en el tiempo. Con una visión estratégica y con planificación. Una vez más, nuestros gobernantes –pero también el principal partido de la oposición– se han movido entre la ocurrencia y la improvisación. El hecho de que la norma del Gobierno de Pedro Sánchez sea la primera que se aprueba en nuestra democracia revela el absoluto desinterés y la desidia de PSOE y Partido Popular –y el resto de partidos que ahora se dan golpes en el pecho– por un asunto capital. Así que el PP tampoco está sobrado de legitimidad moral para sostener sus críticas, porque además de gobernar España durante cuatro legislaturas, dirigió y sigue dirigiendo comunidades y ayuntamientos en los que se puede hacer mucho en políticas de promoción de vivienda protegida.

En síntesis, la Ley de Vivienda aprobada el pasado jueves limita los precios de alquiler para frenar la presión especulativa, acota zonas tensionadas en los que la contención será todavía más estricta, impone más obligaciones económicas a los caseros, endurece la figura de los grandes tenedores de inmuebles (pasan de diez a cinco inmuebles), se muestra más protectora frente a los desahucios, dificulta los desalojos y destila comprensión con las ocupaciones. El objetivo central es aminorar la insoportable escalada de precios que asfixia cada mes a cientos de miles de personas. Y poco más.

Los pisos turísticos en las ciudades superan en un 15% los disponibles para alquilar en toda Galicia

Este propósito de control de los alquileres podría tener cierta eficacia de inicio, pero resulta a todas luces cortoplacista y puede provocar, como anticipa el sector inmobiliario, un efecto bumerán: si las trabas a los arrendadores son mayores, estos retirarán sus viviendas del mercado del alquiler convencional y buscarán otra salida para obtener réditos, como los pisos turísticos. En un momento en el que conviven una fortísima demanda de alquiler y una escasísima oferta, la posibilidad de que el mercado se reduzca agravaría el problema. Los primeros síntomas ya son perceptibles: el número de pisos de alquiler en Galicia bajó por primera vez de los 3.000, mientras que los vacacionales ya superan los 17.000.

Por más que se intente estigmatizar a los propietarios (que en su mayoría no son fondos de inversión, tiburones especuladores); por más que se persiga demonizar a la iniciativa privada (promotores insaciables en busca de lucro), resolver el problema de la vivienda asequible solo se solucionará, aunque parezca de perogrullo, construyendo mucha más vivienda pública.

Ahí es en donde el Gobierno, pero sobre todo las comunidades autónomas y los ayuntamientos que tienen competencias y los instrumentos de planificación urbanística, deben poner el foco. Las administraciones (más allá de las 50.000 viviendas de la Sareb y las 20.000 que se levantarían en terrenos del Ministerio de Defensa anunciadas por Sánchez en otro alarde de conejo que sale de la chistera) tienen la obligación de cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho a una vivienda digna.

"Resolver el problema de la vivienda asequible solo se solucionará, aunque parezca de perogrullo, construyendo mucha más vivienda pública"

Para ello deben utilizar con decisión sus planes de ordenación. Ofrecer suelo abundante y de calidad (no más guetos), porque el exorbitante precio de la vivienda guarda con frecuencia una relación directa con el del suelo. Y atraer a la iniciativa privada para que entiendan que en la vivienda de protección también puede haber beneficio, pero un lucro tasado, regulado, una ganancia particular que no penalice al resto. Los límites deben ser infranqueables. Porque de nada sirve construir vivienda social si en unos pocos años se puede vender a precio de mercado. En España se han dado 60.000 casos. Un bochorno.

Y todo esto es posible hacerlo, con una ley, obviamente mejor que esta, pero también sin ella. No se trata de recurrir a políticas originales, imaginativas o demagógicas. Otros países en el norte de Europa ya lo han hecho con notable éxito y sin alharacas. Así que, si no son capaces de hacer algo mejor, que empiecen por replicar aquellas políticas que ya están funcionando. Con diálogo y visión estratégica; sin anteojeras ideológicas ni prejuicios; con la implicación de todos; con corresponsabilidad. Y sin maniqueísmos, sin buenos ni malos.

La experiencia nos enseña que las decisiones políticas apresuradas, oportunistas, que no atacan el problema de fondo, tienen un recorrido limitado. Y esta Ley de Vivienda, reconociendo que es un pasito adelante, ha nacido con las patas muy cortas.