La transparencia

A la vista de la reciente historia –entendiendo por tal el periodo de los últimos veinte años, más o menos– de la creación, adjudicación y puesta en marcha de los planes eólicos terrestres en Galicia, y su correspondiente saga de pleitos, poco puede extrañar que a la vista de los concursos para adjudicar los marinos, la transparencia de su tramitación se convierta, además de un requisito legal, en una exigencia social. Primero, porque la cantidad total de los posibles –120, al parecer– no es una bagatela, sobre todo si ha de compatibilizarse con la pesca y los cultivos marisqueros del litoral noroeste. Segundo, porque, si se reduce, la pugna por conseguir los que se adjudiquen será aún más compleja.

De ser así –y en paralelo–, alentará una atención mayor para que se cumpla la normativa. Punto este en el que no se pretende dejar como premisa una sospecha que empañe los concursos, pero sí una preocupación por la hipótesis de que vuelvan a repetirse circunstancias como la de la época de la Xunta bipartita, en la que el proyecto para la instalación de molinos de viento en la costa provocó situaciones tan difíciles de explicar –y que de hecho nunca fueron explicadas– como la no participación de los miembros del PSdeG-PSOE, mayoritarios en el Gobierno autonómico, durante el teórico debate de lo que había preparado y presentado el Bloque Nacionalista Galego.

La confusión no fue menor cuando, tras las elecciones del 2009, el PPdeG recuperó la Xunta y entre sus primeras decisiones apareció la de impugnar el concurso anterior –lo que obtuvo en los tribunales– para después presentar el suyo, que también atravesó no poca cuitas judiciales. Lo que, dadas las circunstancias actuales y las previsibles, con unas elecciones municipales a la vista, hace más que probable alguna otra polémica entre las fuerzas políticas en presencia. De ahí que, para evitar males mayores, habrá que incrementar la exigencia –todavía más justificada– de procesos transparentes a la hora de decidir quiénes, cómo, cuántos, dónde y en qué condiciones se adjudican los parques marinos.

Es evidente que esas instalaciones pueden contribuir de forma muy notable a la reducción de la dependencia energética de Galicia. Es más: coordinados las con otras capacidades renovables de que este reino dispone, podrían convertirlo en exportador, lo que supondría un aumento de potencial incalculable en el desarrollo económico de todo el noroeste. Un futuro que despertará ambiciones y, por tanto, que necesita un diseño controlado en todas sus vertientes. Pero no un control policial, que es otra cosa, sino normativo que garantice a la ciudadanía el bienestar al que tiene derecho a cambio del potencial de riqueza que es de todos y que proporciona la naturaleza gallega.

En este punto no estará de más que se deje nítidamente claro ese “de todos” equivale a lo común, y por eso es una excelente condición esa que la Xunta establece para valorar los diferentes proyectos partiendo de un nivel de beneficios para los municipios en la explotación de la energía eólica. La idea se recogía ya en el proyecto del BNG dentro de la Xunta bipartita, y no fue la causa de su retirada tras nuevas elecciones. Por tanto hay que dar por bienvenida la recuperación del concepto, e incluso convendría sugerir que la participación de los concellos podría ser aún mayor. Del mismo modo que su opinión tendría que conocerse antes de la decisión del concurso. Porque no se trata de complicar lo que ya de por sí no es fácil, sino de lograr que aquel “lo común” lo sea de verdad en todo un proceso cuyo desarrollo influirá en la realidad litoral de Galicia, al que hay que proteger a la vez que rentabilizar. Y no es contradictorio. En absoluto.