Entretenidos como estábamos con las rebajas fiscales en las comunidades autónomas, llegó de sopetón el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), auténtico documento económico que servirá de guía al próximo curso político, año por añadidura de trascendentes citas electorales. Hace tiempo que la sucesión de circunstancias excepcionales de crisis financieras, pandemias, escasez de suministros básicos y guerras ha adquirido una extraña voluntad de pervivencia y, con ella, un amoldamiento de lo extraordinario a lo que denominaremos la nueva normalidad. Nada de lo que hasta hace bien poco era aceptada ortodoxia presupuestaria en cuanto a los niveles de deuda pública, déficit o regla de gasto, mantiene hoy alguna vigencia.
De las austeras recetas con que se combatió la Gran Recesión de 2008 se ha pasado al caño abierto de los ingentes recursos públicos puestos a disposición de los gobiernos en cualquiera de sus niveles, de las empresas y de las personas. El triunfo del Estado y del capitalismo, actuando al alimón, muestra al fin sus capacidades distributivas, asistenciales y emprendedoras. Un fenómeno que se estudiará en los futuros anales de la Economía Política.
Lejos queda aquel consejo profesoral de Enrique Fuentes Quintana que a la altura de 1996 recomendaba la creación de una oficina independiente para el control de la deuda y el déficit públicos, “Junta Nacional de la Deuda Pública”, era el nombre propuesto para tan juiciosa tarea que hoy sería despachada como mera ocurrencia de un aguafiestas. En tal clima de exaltación y a modo de cuerno de la abundancia, se ha presentado el proyecto de Presupuestos para 2023. Un festín para todos los ministerios, comunidades autónomas y el extenso cardumen de entes públicos y colectivos asediados por las nuevas demandas y los sinsabores de la vida.
No solo somos capaces de atender nuestros extraordinarios compromisos militares con la OTAN y suplir con transferencias récord las rebajas y necesidades crecientes de las comunidades autónomas. Respondemos a la inflación actualizando el sueldo de 2,7 millones de empleados públicos y, previsiblemente, reducir su jornada laboral semanal a 35 horas y de ellas, tres jornadas completas, en régimen de teletrabajo. Se incrementan de modo lineal las pensiones en un 8,5% y se anuncian, aún antes de aprobarse esta inusitada subida, nuevas revalorizaciones al calor de una recaudación fiscal que bate sus mejores expectativas y todo ello sin que nadie preste oídos al posible crujido de las cuadernas de las finanzas del Estado. Eso al menos parece indicar el silencio, interpretado como afirmativo y cómplice, de los grupos políticos con representación en las Cortes.
A este fenómeno milagrero y multiplicador de los panes y los peces los antiguos lo llamarían la cuadratura del círculo, una tarea que, aunque nuestros políticos no lo crean, aún no ha encontrado solución. Quizá conviniera ir buscando a los Fuentes Quintana de hogaño.
