De cuando en vez hasta los más acostumbrados a las sorpresas –y a los sustos– se quedan estupefactos con algunas de las cosas que pasan en la vida pública. Por ejemplo, en la Administración central del Estado: el presidente de la Xunta ha reclamado –que si se analiza despacio, viene a ser como una denuncia por morosidad– el pago prometido de más de quinientos millones de euros. En teoría, le corresponden a Galicia en el marco de los Fondos Europeos. Y, por si fuera poca la –relativa– extrañeza de la demora, cumple añadir que en la estructura propagandística de la coalición PSOE-UP suelen desmentirse los retrasos. Y hay ejemplos en abundancia para demostrarlo.
O sea, que además de morosos, los hay muy caraduras en puestos donde debería deslumbrar la transparencia y la seriedad. De ahí que no pueda considerarse raro que no pocos inversores dispuestos a arriesgar su dinero en estos Reinos opten a la hora de la verdad por irse con los cuartos a otra parte. En Galicia, concretamente, hay constancia de que Portugal –todo el país: ya no sólo la región Douro– ha desplegado un sistema de facilidades territoriales, urbanísticas, fiscales y administrativas que atraen a quienes apuestan por colocar allí sus iniciativas. Y eso da resultado: a día de hoy, y según ha publicado FARO DE VIGO, en el país vecino hay ya una situación técnica de pleno empleo.
(Es cierto, desde luego, y así lo matizaba este periódico, que la reducción del paro, en la práctica, a menos de un cuatro por ciento se debe entre otros factores a los salarios bajos y a la temporalidad de los contratos de trabajo, lo que abarata costes de producción y facilita la creación de puestos de trabajo. Un método poco satisfactorio para el mundo laboral, pero probablemente mejor que otros en tiempos de crisis. Ocurre también que el Gobierno de Lisboa, socialdemócrata al estilo del PSOE antes que Sánchez, inspira más confianza que la de la alianza de izquierdismo radical que caracteriza al señor Sánchez y sus ministros, sean de cualquier de los dos socios de la coalición).
En todo caso, y sin entrar en comparaciones –siempre odiosas, según el refranero–, el hecho de que la reclamación formulada por el presidente Rueda Valenzuela demuestra, además de la opacidad en el reparto de los Fondos Europeos, algo todavía peor: la apariencia –al menos eso– de que el orden de prioridades a la hora de seleccionar proyectos susceptibles de financiación resulta desconocido. Ítem más: también se ignoran los criterios por los que se rige la Presidencia del Gobierno, habilitada por una extraña votación en el Congreso para hacerlo según la libre voluntad de don Pedro. Algo más propio de un sistema bananero: quizá por eso la Unión Europea extreme los controles Por eso y por si acaso.
Con las cosas como están, la oposición gallega, que tantas críticas produce contra la gestión del dinero que procede de la Administración, tiene una excelente ocasión para, desde el control que le corresponde ejercer –que para eso es lo que es– reclame de la Xunta los datos documentados acerca de cuánto y cuándo debería llegar de las partidas europeas y, con la misma fecha en que se presente esa petición, las cuantías de lo recibido. Y si hay un desfase, será el momento de reclamar del responsable de los retrasos las responsabilidades pertinentes. El jefe del Ejecutivo parece haber hecho su parte: ahora le toca a BNG y PSOE pedir explicaciones –y la provisión de fondos– a los morosos. No sea que la cosa se quede sin arreglar.
