Cualquier día de estos, cuando por fin gobierno y oposición se decidan a seguir el ejemplo del presidente del Parlamento autonómico, don Miguel Santalices, que lleva años intentando recortar la creciente lejanía entre la Cámara y sus representados -que suma esta sociedad entera, haya votado lo que hayan votado, e incluso los que no lo hicieron– es posible que Galicia pueda resolver algunos de los problemas que padece. Porque hablar como país en asuntos trascendentales requiere que lo haga la Cámara, para ello se necesitan acuerdos y lograrlos necesita la iniciativa de la Xunta. Pero no para charlas de diván y fotografía, sino reuniones de trabajo en las que se analicen soluciones, se elija y se presione, en serio, al gobierno de turno para que mueva ficha.
Eso es algo que no tiene demasiados ejemplos aquí, aunque algunos hubo y procede reconocerlo, como también es cierto que no lograron el objetivo que todos esperaban, aunque ese “detalle” no ha de servir como coartada para que cada cual haga ahora de su capa un sayo. La ausencia de efectividad que se produjo antes no deriva de que el Parlamento gallego no influya como el vasco, el catalán o el andaluz en los asuntos de Estado: es que los diputados gallegos, en el Congreso, miran más a los colores de su partido que a los intereses de sus electores. Dicho con respeto desde la convicción personal, que por supuesto acepta la llamada “disciplina de voto”, pero que a la vez recuerda que existe la cláusula de conciencia. También reglamentada.
Hay cuestiones muy concretas que ilustran cuanto precede. La última –que ojalá lo fuese de verdad– es la reforma de la ley de Costas, que puede hacer un daño especial y mucho más grave a Galicia que a cualquier otra comunidad. Este periódico acaba de publicar la señal de alarma de las depuradoras de marisco ubicadas cerca de lo puertos, en zonas que la nueva norma declara de exclusión. Es un caso al que se añadirán sin duda otros muchos, y no porque las instalaciones “condenadas” sean ilegales stricto sensu, sino porque la mayoría cuenta con licencias municipales, y no es de justicia que hayan de pagar sus propietarios o usuarios el desorden o la ineficacia de las administraciones. O la permisividad anterior, conste.
En este punto conviene añadir un hecho: la reforma de la Ley de Costas trata por igual, en principio, a todo el litoral español, siendo así que el gallego tiene una fisonomía especial e incluso una historia urbanística específica. Son factores que obligarían a no tratar la defensa medioambiental, ecológica o paisajística como la costa mediterránea o andaluza. Y Galicia tiene el derecho, y la obligación, como país, de defender estas condiciones incluso frente a ministros sordos a un argumentario racional y comprobable. Algo, por cierto, que hará tanto mejor y con mayor efectividad cuanto más colectivamente hable.
Conviene insistir en que el esfuerzo común es imprescindible, como lo es acertar en la dimensión del asunto a reivindicar. De nuevo como ejemplo y desde un punto de vista personal, el perjuicio –inexplicable– de llevarse el Instituto Español de Oceanografía a Cantabria y Murcia afecta a toda Galicia y no solo a una parte aunque sea, como Vigo, actual sede de una entidad prestigiosa y prestigiada en todo el mundo. Y en ese sentido, la protesta primero, y la reivindicación de que se corrija después el error, no puede hacerse en el solo nombre de una ciudad, sino de toda la comunidad. Esa es la equivocación que comete el señor alcalde vigués que, llevado por su espíritu aguerrido, olvida que todos a una se llega antes y más lejos que si cada cual rema por su cuenta.
