Nueve días parecen pocos, o parece que no puedan influir en la trayectoria de una vida. Pero casi superada la pandemia, con los Fondos Europeos Next Generation que impulsarían la economía, a punto, con una guerra sobrevenida e injusta que además del daño directo modifica el suministro energético mundial, se ponen de manifiesto las peores posiciones que un Gobierno puede adoptar, como la omisión y la dilación, vocablos en los que subyace el “no hacer ahora” y por supuesto, se alimentan sobre lo que uno tenía que hacer y no hace. Básicamente lo que la sociedad demanda a este Gobierno es que actúe ya, demorar una propuesta de medidas, que se apunta para el día 29 de marzo, ocho o nueve días más de inacción y omisión, alimentando con este proceder la convulsión nacional que afecta a todos los sectores, cuando otros gobiernos europeos ya han tomado medidas correctoras que permiten aliviar y atemperar la situación, no se entiende.
Desde aquí le decimos que la necesidad es otra, que los plazos políticos no coinciden con los de la realidad económica y social. Cierran fábricas, no se distribuyen los alimentos, ni para humanos ni para animales, no se recogen las producciones, no se atiende a los mercados, se producen pérdidas irreparables en un contexto global muy delicado, con las redes de distribución internacionales afectadas por la guerra y unos costes de la energía inasumibles. Se esperaba un escenario de fuerte crecimiento, al menos en los próximos tres años, y así lo confirmaban las buenas cifras de empleo en nuestro país.
"Los plazos políticos no coinciden con los de la realidad económica y social"
En una sociedad donde nos informamos al minuto de lo que ocurre, en que la gestión digital de los datos permite conocer fácilmente el coste real de los productos y servicios, no se puede actuar con tanta dilación en un sector estratégico. No discutimos la representatividad de los huelguistas, ni sus razones, creemos que a los sectores en crisis hay que ayudarlos, y el Gobierno cuenta con diferentes mecanismos para ello. Pero a su vez gobernar obliga a tomar decisiones en tiempo real cuando hay muchos perjudicados por el mal uso del derecho de huelga, cuyo límite está en el derecho a la libertad de los demás. Proteger el desarrollo sin sobresaltos de la actividad económica, garantizando el suministro es una obligación que le corresponde al Gobierno.
El sistema democrático es un marco de derechos y deberes, y la logística constituye el sistema arterial a través del cual todos recibimos lo que necesitamos para nuestras actividades y nuestras vidas. La huelga salvaje no es permisible en ningún sector y menos en los sectores estratégicos, como los controladores aéreos, los cuerpos de seguridad o el personal sanitario. Todos entendemos que tiene que haber servicios mínimos que impidan males mayores. Con la logística sucede lo mismo, el Gobierno tiene que intervenir ya en esa doble dirección: garantizar el suministro y ayudar a un sector que amenaza ruina. Es su deber y su derecho
