Políticos de todos los colores prometieron que en Alemania no habría nunca vacunación obligatoria contra el COVID-19. Y tal vez tengan que tragarse sus palabras.
La nueva coalición tripartita no excluye ya, sino que da por segura la próxima obligatoriedad de la vacuna, aunque existan todavía fuertes resistencias, sobre todo entre los liberales, que forman también parte del actual Gobierno.
El nuevo ministro de Sanidad, el socialdemócrata Karl Lauterbach, exprofesor de Harvard y epidemiólogo de formación, que era uno de los que la habían descartado expresamente, milita ahora activamente a favor de la vacunación universal.
El cambio de postura se justifica siempre por la aparición –¿inesperada?– de la nueva variante del coronavirus, la ómicron, que parece haberlo desbaratado todo.
El resultado es una sensación creciente de frustración entre los ciudadanos: la minoría que rechaza vacunarse acusa a los políticos de violar sus promesas y quienes ya se vacunaron se quejan de que el Estado no tomara antes medidas más drásticas contra los primeros.
Sienten estos que de poco les ha servido vacunarse, incluso dos veces, porque por culpa de los rebeldes la nueva variante va a representar un peligro para todos: vacunados o no vacunados.
Y ello, con independencia de que afecte en mayor o menor medida a unos u otros, como sospechan los expertos.
La sociedad alemana está polarizada, aunque quienes hablan de “dictadura del Estado” sean, como decimos, una minoría: una minoría ruidosa y, por desgracia, en parte también cada vez más violenta.
En vano tratan las autoridades de ganarse a ese sector de la población, que apela continuamente a la libertad del individuo frente al Estado y al que tratan de convencer con el argumento de que hay también algo que se llama “responsabilidad” para con los demás.
La desconfianza hacia los representantes del Estado es especialmente acusada en los laender de la antigua RDA, donde hoy muchos votan a la ultraderechista Alternativa por Alemania.
Pero si, como parece cada vez más probable, el Parlamento alemán decide finalmente por mayoría a comienzos del próximo año la obligatoriedad de la vacuna, se presenta un gran problema y es cómo hacer efectiva esa medida.
No va a entrar la Policía en los domicilios privados para arrastrar a los rebeldes hasta el centro de vacunación más próximo. Queda solo la posibilidad de multarlos, pero ¿y si alguien no puede o no quiere pagar? ¿Le meterán directamente en la cárcel?
De ahí que el Estado trate ahora por todos los medios de hacer cada vez más difícil la vida a quienes no están inmunizados, obligando, por ejemplo, al comercio y a la restauración a exigirles a los clientes el certificado de vacunación antes de dejarles entrar en sus establecimientos.
La cuestión que a todas luces se plantea es la de cuánto poder tiene un Estado democrático para conseguir los objetivos que se propone, ya sea en la lucha contra la actual pandemia, ya se trate de otros retos colectivos de la sociedad.
Así, la cada vez más urgente lucha contra el cambio climático, que exigirá sacrificios de todos, se presenta todavía más difícil cuando vemos, por el auge de los populismos, cómo disminuye en todas partes la confianza en los sistemas democráticos y se pone en tela de juicio la autoridad de la clase política.
