Entre la subida del gasóleo y la escasez de camioneros disponibles, el transporte de mercancías por carretera se estaba complicando un montón. Felizmente, el Gobierno ha decidido tomar medidas: y, para abrir boca, va a ponerles peaje a las autovías que hasta ahora viene pagando el contribuyente con otros impuestos. ¿Qué puede salir mal?
Mucho es de temer que la nueva tasa de circulación, unida a la creciente carestía de los carburantes, acelere una crecida de precios que ya está en marcha desde hace un par de meses. La experiencia sugiere que las empresas –de transporte, en este caso– tienden a repercutir el aumento de costes en la factura que, al final, acaban por pagar los paganos habituales. En la cabina de peaje y en el súper.
Lo de las autovías es un runrún que corre por ahí desde hace ya más de diez años, aunque parece que ahora el propósito va en serio. Alegan los peritos ministeriales que los servicios deben abonarlos quienes los usan, es decir: los conductores empeñados en darle gas al buga o al camión por las carreteras de alta capacidad. Y añaden aun el benéfico efecto disuasorio que el peaje tendrá sobre el uso de las autovías, desviando el tráfico a medios menos contaminantes como, un suponer, el tren.
Sánchez es un admirador confeso del modelo de gobierno que su colega socialdemócrata Antonio Costa aplica con éxito en la república con la que compartimos península
Todo son ventajas desde el punto de vista gubernamental, que no necesariamente ha de coincidir con el de los gobernados. Y si la medida no funciona una vez puesta en marcha, siempre se le podrá echar la culpa a Portugal.
El presidente Pedro Sánchez es, como se sabe, un admirador confeso del modelo de gobierno que su colega socialdemócrata Antonio Costa aplica con éxito en la república con la que compartimos península. De ahí que acaso haya resuelto imitar el peaje instaurado hace cosa de un decenio en las autovías portuguesas.
En realidad, no fue Costa –que acaba de rebajar esas tasas– el que introdujo los peajes en sus autovías. La decisión la tomó allá por el año 2011 la troika como una de las muchas condiciones para aprobar el rescate económico de Portugal, país que por entonces andaba muy delicado de finanzas.
Nadie obliga, sin embargo, al Gobierno español, por más que algunos de sus ministros hayan aludido vagamente a las “exigencias” de la Unión Europea.
Como quiera que sea, la experiencia portuguesa no ha sido del todo alentadora en este aspecto. El cobro por el uso de una carretera requiere la instalación de casetas y la contratación de personal, gastos que tal vez se lleven una buena parte de la recaudación. Para saltarse ese engorro, en Portugal idearon un complejo sistema de peaje electrónico sin cabinas que todavía hoy es un misterio para los extranjeros que se adentran en el sistema viario lusitano.
Sobra decir que en los primeros años de aplicación de la tasa se produjo un cierto retraimiento del turismo, al menos en la parte norte de Portugal. Se ignora si el Gobierno español va a adoptar un método de cobro similar o bien optará por las cabinas tradicionales, con un coste de personal que se llevaría en parte lo comido por lo servido.
Más preocupante parece la idea del pago por servicios –como las carreteras– añadido al cargo que ya se hace mediante impuestos. Empieza uno por poner peaje a las autovías, sigue con las carreteras y al final no es improbable que caiga en la tentación de restaurar fielatos de pago para el acceso a las ciudades. Tampoco es cosa de dar ideas.
