Hace unos años, antes incluso de la Transición democrática en España, algunos considerados “reformistas” hablaban de “descentralización” como una necesidad no solo para mejorar la eficacia –y la eficiencia– de las Administraciones Públicas, sino de algún modo, y ya en aquella época, una especie de antídoto, o como mínimo paliativo, de lo que hoy es el soberanismo. Tras la primera fase de la marcha hacia la democracia, que se inició en 1977 con las elecciones a Cortes y la redacción de la Constitución el año siguiente, la “descentralización” se convirtió en algo más.
El cambio se bautizó como “Estado de las Autonomías”: era la nueva organización político-territorial del Estado, quizá porque hablar de “federalismo” hubiera sido demasiado tras cuarenta años de dictadura. Ese nuevo esquema conservaba gran parte del anterior: provincias, municipios y regiones, pero agrupadas en comunidades autónomas. En principio, se orientaba a resolver el problema de los nacionalismos periféricos, calificando tres “nacionalidades históricas” –Galicia, Cataluña y Euskadi– a las que se unió después Andalucía previo referéndum específico.
Pero –siempre hay aquí al menos uno– enseguida surgió la tesis del “café para todos”, firmada por el ministro Clavero Arévalo, y el proyecto inicial desembocó en algo diferente –según algunos observadores y especialistas– a lo que parecía la intención original de los “padres” de la Constitución. Un recordatorio procedente para subrayar que cuando el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Vigo defiende que hay que “ampliar la descentralización” e insiste en la necesidad de un mayor espacio de maniobra para los ayuntamientos, podría causar otro “efecto Clavero”, no necesariamente positivo.
Y es que, en un Estado que, como el español, ha vivido intentos parecidos a lo que ahora propone el señor Caballero y no lograron los objetivos, es política y estructuralmente arriesgado cambiarlo sin más. La mayor descentralización que propone don Abel parece distinta a las de, por ejemplo, la I República, que duró un año, tuvo cuatro presidentes y provocó incluso un par de choques armados entre cantones. No es el caso ni son los tiempos, evidentemente, pero no estorbará recordar precedentes para prevenir daños colaterales de repartir más poder entre muchos. Entre esos daños, el citado “efecto Clavero”.
Conste que esta opinión –personal– no pretende alinearse con los jacobinos, sino contribuir a una reflexión sobre la propuesta de la presidencia de la FEMP. Que tiene, como casi todo en esta época, un trasfondo económico –con más recursos, más capacidad de acción y mayor influencia– y político. El señor alcalde de Vigo es un maestro en el arte –difícil– de sacar oro de las piedras, pero no todos sus colegas tienen su sentido del Estado ni su capacidad de gestión. Por tanto, de aprobarse su iniciativa, no serían demasiados los que dirigiesen con él el cotarro, y si la historia enseña algo es lo ya apuntado: que mucho poder en pocas manos no descentraliza, sino más bien al revés.
¿Eh...?
