Era inevitable que el desbordamiento humano impulsado por el Gobierno marroquí sobre las plazas de soberanía española en territorio africano trajese a la memoria de políticos y de periodistas aquel episodio histórico que se dio en llamar la “marcha verde”. Corría el año 1975, Franco agonizaba, y la jefatura del Estado español había sido ocupada provisionalmente por Juan Carlos de Borbón. Una situación de interinidad que fue aprovechada hábilmente por el rey Hassan II de Marruecos para impulsar una marcha multitudinaria de civiles desarmados hacia el territorio del Sahara.
El ejército español se desplegó en la frontera para disuadir a los que avanzaban a pie, pero no hubo lugar a ninguna confrontación militar porque desde Madrid se dio la orden de retirada. Aún está por averiguar quién o quiénes asumieron esa responsabilidad, pero la todavía vigente Ley española de Secretos Oficiales de 1968 lo impide.
Dicen que Franco, recuperada momentáneamente la lucidez, ordenó disparar contra los invasores, pero no hay pruebas de que tal cosa pudiera haber sucedido. Más bien parece el guion de una película de Almodóvar con el viejo general africanista a punto de exhalar su último suspiro e imaginando a sus peores enemigos rodeándolo al pie de la cama.
Sea lo que fuere, lo único cierto es que España renunció (al contrario de lo que suelen hacer todas las grandes potencias en los procesos de descolonización) a participar en la explotación económica de las enormes riquezas mineras y pesqueras del Sahara.
España renunció a participar en la explotación económica de las enormes riquezas mineras y pesqueras del Sahara.
También falta por saber qué papel jugó en estos acontecimientos el Gobierno de los Estados Unidos de América del Norte, que mantiene una estrecha relación de amistad con Marruecos y con España. Con independencia de que la primera de ellas sea una monarquía dictatorial y con escaso respeto por los derechos humanos y la segunda una monarquía parlamentaria plenamente democrática. El juego de los grandes intereses permite esas maniobras. Y obliga a otras, también muy onerosas y poco o nada sinceras. Como esas proclamas de buena vecindad que se intercambian ritualmente entre Madrid y Rabat.
La crisis actual, según las autoridades marroquíes, tiene su causa en la hospitalización en Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, enfermo de COVID. Un terrorista en la percepción de Rabat y un patriota saharaui desde otras perspectivas. Según la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, “hay un rechazo evidente a un gesto humanitario de nuestro país que crea una crisis migratoria aunque nosotros nunca lo entendimos como una agresión”.
La posición española en el tablero diplomático es complicada. Por una parte, es frontera europea con el Norte de África, un continente de donde nos vendrán, empujadas por la miseria, imparables corrientes migratorias, y, por otra, tiene dos enclaves en territorio marroquí (Ceuta y Melilla) desde mucho antes de la formación del Estado que ahora mismo rige la monarquía alauita.
Ocurre con las relaciones de buena vecindad entre países lo mismo, o muy parecido, a lo que acontece con las relaciones de vecindad entre inquilinos o entre campesinos. Que el roce no hace el cariño y la controversia acaba a garrotazos.
