En el pentitismo que conocemos, un miembro de una organización criminal decide confesar o declarar ante las autoridades después de ser capturado, con el fin de que se tomen medidas para combatir o erradicar la organización a la que pertenece; los arrepentidos reciben a cambio reducciones punitivas. El neologismo empezó a extenderse por Italia en 1973, tras las revelaciones de Leonardo Vitale, un joven palermitano gregario mafioso. Años después, el fenómeno permitiría a los magistrados del Pool Antimafia de Palermo reconstruir la vida de las familias del crimen, firmar centenares de órdenes de captura y dar paso al primer maxiproceso a la Cosa Nostra, en 1986, en el búnker de la prisión de Ucciardone. El término recobró el auge transcurrido 1992, cuando los delincuentes aspirantes a colaborar con la justicia crecieron debido al número de gracias concedidas y a una ley que favorecía la señal de arrepentimiento y la contribución para detener a los criminales.
En el caso de Bárcenas, el extesorero del Partido Popular dispuesto a hablar tras haber callado y contradecirse flagrantemente en sus testimonios, no es fácil ver la figura del informante que ayuda a esclarecer unos hechos que él mismo silenció a la espera de lo que pudiera ocurrir. Su versión ahora, poco fiable no porque se aleje de la realidad que engolfó al partido del que era tesorero, no es siquiera la de un sujeto que aspira a salvar el pellejo y a redimirse ayudando a castigar la corrupción, sino la de alguien henchido de rencor que desaprovechó la oportunidad de cantar la traviata en el momento necesario sin falta de destilar venganza. El hecho de que el Partido Popular de Pablo Casado quiera desembarazarse al menor coste posible de la herencia recibida, como si la cosa no fuera con él, prueba hasta qué punto casi nadie es capaz de entender nada de lo que afecta a la vida democrática cuando roza la suya propia.
