Se ha consolidado la expresión anglosajona "Lawfaere" para definir a la acción política que consiste en llevar a los tribunales las disputas entre los partidos. En España podemos situar esta "estrategia" en los últimos años de los gobiernos de Felipe González, cuando desde distintos frentes de combate y con muy variada municion, se le atacó desde los tribunales de justicia.Ahora, volvemos a las andadas para intentar conseguir de los jueces lo que no se es capaz de lograr desde la tribuna del parlamento.
Sin embargo, el poder judicial está para otras cosas mucho más directamente importantes para los ciudadanos. Es cierto, que hoy los tribunales no son solo un instrumento imprescindible para garantizar los derechos individuales y colectivos. También son un mecanismo de control del poder político, incluso con carácter preferente. La administración de justicia no dispone de los medios materiales y personales para llevar a cabo, con eficacia, esta tarea de control permanente del poder. Y no los posee porque los que tienen que ser controlados -los políticos- sencillamente no proporcionan a los tribunales los suficientes y adecuados instrumentos para hacer esta fiscalización. No interesa, claro, que los jueces, siempre unos individuos "sospechosos", metan sus narices en los asuntos sobre los que el poder político está convencido de que solo responde ante los votantes que eligen a sus titulares.
Qué el Estado democrático se caracteriza por fundamentar todo el poder en la soberanía del pueblo, no puede haber duda alguna. Ahora bien, las manifestaciones de este poder popular son formalmente diferentes según se trate del ejecutivo, legislativo o judicial. Las elecciones nutren directamente al poder legislativo, en cuyo seno se alumbra al Gobierno legítimo, mientras que el poder judicial, emanando también del pueblo, se explica desde su vinculación "únicamente" a la ley, producto genuino del poder legislativo. Los jueces quedan así sometidos exclusivamente a la ley, solo desde la ley, y con la ley en la mano, el poder judicial es un poder democrático. La potestad de juzgar los actos de los otros dos poderes se atribuye a la jurisdicción -constitucional y ordinaria- como garantía de que la aplicación de la ley y el derecho se realiza de manera independiente y sin criterio alguno de partidismo político. El "indirizo" político es de excluyente responsabilidad del ejecutivo y legislativo y la técnica imparcial e independiente de aplicación de las normas, es competencia exclusiva del poder judicial. Por esta razón, la función judicial está profesionalizada, a diferencia de las otras dos funciones del Estado.
Por todo ello, no es legítimo ese llamamiento continuo a la profesionalidad de los jueces para resolver asuntos políticos. Y mucho mas ilegitimo es transformar el debate y la confrontación política en una guerra de la ley. Algunos parece que piensan que el Estado de derecho es un producto históricamente irreversible, y se equivocan. El Estado de derecho puede desaparecer por agotamiento, por el mal uso de sus capacidades para seguir sirviendo, como decían los clásicos, de la más grande garantía que han encontrado los hombres en su lucha por la libertad.
*Magistrado y doctor en Derecho Público por la USC
