La maniobra fracasó por la pronta y eficaz actuación de la Guardia Civil y por los escasos resultados obtenidos en algunas parroquias próximas, donde se esperaba que los dirigentes de las sociedades serían capaces de concentrar a numerosos afiliados en similares demostraciones que obligarían a las fuerzas del orden a distribuirse en varios frentes. Descartado este peligro, los guardias, reforzados con efectivos procedentes de otros puestos próximos, pusieron rápidamente en fuga a los concentrados practicando numerosas detenciones e incautándose de una bandera roja que abandonaron en su precipitada huida.
También fracasó en la comarca de Verín y en los tramos orientales de las obras del ferrocarril, donde ni siquiera adquirió los tintes insurreccionales de la zona anterior, posiblemente por encontrarse detenidos gubernativamente o a la espera de juicio algunos de sus más destacados dirigentes, acusados de un delito de sedición común por la activa propaganda realizada entre los trabajadores del camino de hierro en las semanas anteriores. A pesar de ello, desde la cárcel, dirigentes de significación ácrata como José Losada Dalama consiguieron transmitir instrucciones a varios correligionarios para que intentasen paralizarlos y organizasen una manifestación de protesta por las detenciones que debería converger sobre Verín. Al día siguiente se desarrolló una intensa actividad en las aldeas de Correchouso, Toro, Cerdedelo, Campobecerros y Portocamba, pero la rápida intervención de la Guardia Civil frustró la maniobra capturando a varios propagandistas y obligando a ocultarse al resto, a la vez que varios números prestaban servicio de protección en los tajos.
Los detenidos fueron procesados a instancias de la Comandancia Militar de Ourense por un delito de rebelión, estimando el instructor que su pretensión era la de "excitar y coaccionar a los capataces y obreros que trabajaban en cuatro trozos de las obras del ferrocarril, con objeto de provocar el paro y adherirles a la huelga general, proponiéndose seguidamente reunir los obreros para que viniesen a Verín con objeto de hacer una protesta contra la autoridad gubernativa". De hecho, una carta incautada por las autoridades a uno de los detenidos se refería a las hojas que Losada había hecho circular desde la cárcel dando cuenta de la "declaración de huelga revolucionaria en toda España y solicitando que los obreros se sumasen a ella y binieran (sic) a Verín en protesta de los aquí detenidos".
En la comarca de As Frieiras, el Sindicato de Oficios Varios de A Gudiña, dominado casi a medias por cenetistas y socialistas, desarrolló una intensa propaganda entre afiliados y trabajadores que para paralizar las obras, sin que en los primeros momentos se registrasen sucesos de consideración. Con todo, fue dinamitado un compresor propiedad de la constructora de Francisco Cachafeiro y se produjo un atentado contra la línea telefónica. Mientras, no muy lejos, en el túnel de Vilariño, se reunieron alrededor de doscientos obreros del ferrocarril para intentar paralizar nuevamente las obras; diecinueve de los considerados dirigentes de la protesta fueron detenidos por las autoridades.
Otro tanto ocurrió en los partidos judiciales de Valdeorras o en los lucenses de Monforte y Quiroga, atravesados por la línea férrea, y donde existían importantes concentraciones de trabajadores ferroviarios que ocasionaron no pocos problemas a las fuerzas de seguridad a la hora de restablecer el orden público.
La victoria de las izquierdas tras las elecciones del Frente Popular da paso a una etapa de intensa movilización sociopolítica que se ve favorecida por dos elementos esenciales. En primer lugar, porque los diferentes sindicatos y sociedades consiguen dar pasos sustanciales en su vieja aspiración de controlar la oferta de trabajo en obras públicas, donde la sindicación se convierte en un requisito prácticamente ineludible para obtener un jornal. Incluso, las presiones a propietarios agrícolas con capacidad para suministrar jornales en comarcas que demandan mano de obra siquiera con carácter estacional se multiplican de forma exponencial para conseguir que sólo se contraten a trabajadores afectos. Esto explica el inusitado florecimiento de toda clase de sociedades durante los meses que preceden al golpe de Estado, lo que a su vez las convierte en privilegiados interlocutores ante las diferentes autoridades a la hora de canalizar sus demandas y de poner en juego todo su potencial de negociación. En segundo lugar, como consecuencia de los cambios operados en el poder local en toda la geografía gallega. A la espera de unas elecciones que, aunque convocadas, nunca llegaron a celebrarse como consecuencia de la situación política del momento, los nuevos gobernadores civiles de las cuatro provincias gallegas, todos ellos pertenecientes a la izquierda burguesa, nombraron de forma masiva nuevas gestoras municipales acordes con los nuevos equilibrios del poder central. Si bien la inmensa mayoría estaban en manos de hombres vinculados a Izquierda Republicana poco proclives a todo cuanto sonase a movilización de masas, allí donde las sociedades obreras y campesinas constituían una fuerza a tener en cuenta sus dirigentes también fueron llamados a integrarse en las mismas como concejales. Los enfrentamientos que se produjeron en su seno en tan corto espacio de tiempo reflejan hasta qué punto no pocos alcaldes se convirtieron en auténticos rehenes de aquéllas a la hora de desarrollar su gestión e intentar mantener el orden público. Lo cual, dicho sea de paso, retroalimentaba su capacidad de influencia y atracción de esos "peones" a los que se refería El Pueblo Gallego.
Un buen ejemplo de ello lo encontramos en el seguimiento masivo de las huelgas declaradas durante la primavera de 1936, tanto de aquéllas que tenían por objeto la obtención de mejoras laborales y salariales como las convocadas en protesta por los asesinatos perpetrados por pistoleros falangistas en los meses de mayo y junio. Por centrarnos en las primeras, limitadas a la circunscripción ourensana, cabe decir que en una parte de los tramos en los que se declaró la huelga no se registraron incidentes de gravedad y los obreros volvieron al trabajo después de conseguidos algunos avances con la mediación de las autoridades locales, como aconteció, por ejemplo, en el caso de Amoeiro. Por el contrario, la violencia hizo su aparición incluso en zonas de tradicional influencia caciquil, predominio político conservador y aparentemente alejadas de otras de mayor conflictividad. El secretario del Sindicato de Parada de Labiote (Irixo) defendió que para doblegar al contratista del tramo era preciso dinamitar el puente de San Tirso de Reádigos, cosa que se llevaría a cabo en la madrugada del 15 de junio, destrozando además un compresor y ocasionando cuantiosos daños. Los obreros no se reincorporaron al trabajo hasta siete días después del incidente.
En aldeas y ayuntamientos de fuerte presencia izquierdista los actos violentos también fueron frecuentes. En el mes de mayo, en el tramo de Seixalbo, un núcleo de fuerte presencia socialista situado en los arrabaldes de la capital, que también contaba con algunos obreros falangistas protegidos por el contratista Sr. Marroquin, los huelguistas dinamitaron una apisonadora para conseguir que se aceptaran sus reivindicaciones: implantación efectiva de las cuarenta horas semanales, pagos semanales en lugar de quincenales, incremento de salario y redistribución de los obreros en las obras para que quedaran lo más cerca posible de sus domicilios. Sus correligionarios de Rairo expulsaron a todos los capataces y los obreros organizaron por su cuenta los trabajos, mientras era dinamitada una trituradora propiedad de aquél.
En tierras de A Gudiña y A Mezquita, la zona de mayor concentración de trabajadores del camino de hierro, hubo un intento frustrado de dinamitar el puente de la Canda este mismo mes de mayo, produciéndose además varios choques con la Guardia Civil. El día 10 de junio, como respuesta a la detención de varios dirigentes de los sindicatos de oficios varios de los tamos de A Gudiña-Campobecerros, se declaró la huelga general, reuniéndose varios cientos de obreros procedentes de A Gudiña, Vilardevós, Soutochao, Laza y Campobecerros. En algunas camionetas que prestaban servicio en las obras, varios grupos avanzaron hacia Verín en una demostración que tenía por objeto presionar para que fueran puestos en libertad los detenidos que aún permanecían en la cárcel del partido. El grupo más numeroso, formado por unos cuatrocientos obreros, giró en redondo cuando el capitán Juan Ros Hernández, al frente de unos veinte guardas civiles, les aseguró que los directivos habían sido puestos en libertad; solo grupos aislados procedentes de Soutochao penetraron en la villa causando la alarma de la población. Según el informe de la Guardia Civil, se vivieron instantes de peligro, "?que se agudizó en los momentos en que se cortó la luz, que era una señal convenida para empezar el asalto a las casas (...) Ante este acto de sabotage (sic), fué (sic) rapidamente (sic) avisado el Señor Gobernador Civil (...) [que] designó como Delegado suyo a (...) Víctor Rico (...), el que se entrevistó enseguida con los de la Casa del Pueblo y acordó por indicación de ésta la retirada de toda la fuerza que se encontraba de servicio (...) [quedando] dueños de la situación en la calle los elementos agitadores (...)[que] despidieron a grupos que en forma aislada habían podido penetrar por la tarde dando gritos subversivos y vivas al comunismo libertario a la U.H.P. y otras frases soeces y mueras a personas ante cuyas actitudes el vecindario se encuentra temeroso de salir de sus casas, especialmente las señoras, temerosas de ser objeto de alguna irrespetuosidad, estando todos en general bajo una tensión de nerviosismo (...)" .
Aunque los ánimos parecieron calmarse en las jornadas siguientes, el 20 de junio dio comienzo otro paro que se mantendría durante más de dos semanas en medio de un nuevo rosario de incidentes que incluyó el corte de cables de la conducción eléctrica y telefónica y un pequeño tiroteo con los guardias del puesto de O Pereiro (A Mezquita).
(*) Universidad de Vigo
