Ahora mismo, y más allá de los fracasados intentos del Gobierno en funciones para imputar el "bloqueo" a todos los demás -excepto a Podemos, que en horas veinticuatro pasó de las musas al teatro, y nunca mejor dicho esto último- habría que valorar ya sus efectos. Porque hay bloqueos y bloqueos, y algunos son especialmente dañinos no ya para partidos adversarios, sino y sobre todo para la gente del común. O para "la calle", como gustan definir aquellos que solo la ven, después de prometer cercanía e interés prioritario, desde las ventanillas de los coches oficiales.
(Es posible que alguien vea demagogia en la cita de algunos de los antiguos símbolos de La Casta, pero no la hay, en la medida que refleja el contraste entre lo que se predicaba y lo que se hace. Y si bien es verdad que algo de esa desmemoria se da en todas las siglas, no lo es menos que ni en todas de la misma forma, como no todos los gobernantes hicieron igual uso de la pompa y esplendor que acompañan al cargo. Sea como fuere, cuando se habla de la calle no se trata de una metáfora, sino de un hecho relevante, en la medida en que se quiere representar con él a gran parte de "la gente", que viene a ser otro tópico muy manido por algunos).
Ocurre que cuando se habla de que lo que desde Moncloa y sus aledaños no se cansan de definir como "bloqueo" ni de culpar de él casi urbi et orbi, los que pagan las consecuencias son los bloqueados. Y no tanto los gobiernos autonómicos o locales, sino sobre todo esa legión desconocida para el gran público que forman "los proveedores", generalmente autónomos y pequeños o medianos empresarios que sirven -proveen- servicios o material a la Administración Pública. Y que viven prácticamente al día, por lo que cualquier retraso en los pagos les obliga o a acudir al crédito y endeudarse, que es a menudo una mala solución.
Los otros "paganos" del bloqueo financiero, los ya citados gobiernos de diferentes niveles, pueden, por razones obvias, arreglárselas algo mejor. Pero la mayor parte de las veces aplazan sus pagos antes de acudir a la deuda porque de ese modo ahorran en intereses. Si "la calle", o "la gente", ocuparan lugar destacado en las prioridades, tratarían de resolver primero aquello que más urge y peores consecuencias genera, pero hechos los cálculos suelen optar por la fórmula que les permite mayor margen con la excusa de que "ha de servir a todos". Y a veces funciona.
Dicho todo lo anterior, que es opinión personal, no puede dejarse a un lado el dato, evidente, de que unos Presupuestos prorrogados, que son los que maneja el Gobierno en funciones, llevan a medidas explicables, pero difíciles de asumir por los perjudicados. Pero esa dificultad se acrecienta cuando se comprueba que las varas de medir, en las mismas circunstancias, son diferentes. Y eso, guste más o menos a los encargados de la defensa del entorno gubernamental, puede constatarse por lo que no deben extrañar ni las quejas ni las críticas. Porque, en un modelo democrático, ambas reacciones, y más aún con motivo, son síntomas de que el sistema funciona.
¿Eh...?
