A la vista de las cifras, tremendas, de muertos y heridos en accidentes de tráfico que se produjeron en Galicia las últimas semanas, y la perspectiva ante la avalancha de vehículos que este verano se anuncia hacia lugares de vacaciones, resulta razonable incluir este asunto en eso que se llama "Política". Con mayúscula, porque suman millones las personas involucradas y, además, porque son ya demasiadas las frivolidades a las que se dedica la otra, la que se escribe con minúscula, como para entregarle también las cuestiones que pueden afectar tanto a tantos/as ciudadanos/as de este país y a sus servicios públicos.
Así las cosas, hay que alinearse -y ojalá sirva de precedente- con el delegado del Gobierno, señor Losada, cuando califica como urgente la toma de conciencia del riesgo en las carreteras y la necesidad social de que se cumplan las normas a la hora de circular por ellas. Puede ser opinable su punto de vista sobre el endurecimiento de las sanciones, y desde luego sus resultados prácticos, pero lo que está muy claro es que lleva razón cuando se resume su mensaje: algo hay que hacer. Y a partir de ahí podrán venir exigencias, debates y demás, pero lo primero es lo primero.
(En esa línea parece oportuno resaltar el acierto en la concesión de la Medalla Castelao a la presidenta de la Asociación Stop Accidentes, la señora Jeanne Picard. Una dama que lleva muchos años en la tarea de trabajar precisamente para que la sociedad gallega tome conciencia de cuanto pueda suponer respeto a las normas, corrección de lo que precise mejora y atención a las víctimas del tráfico. Es la distinción un reconocimiento, en opinión de quien escribe, de que hay en esta sociedad mucho más que la política minúscula como objeto de preocupación, así como la conveniencia de ampliar el concepto y hacer que llegue a la Política cuanto afecte directamente a las personas).
Dicho lo anterior, es posible que proceda una reflexión más. La oscilación de las estadísticas de siniestralidad en autopistas, autovías y carreteras de este país puede indicar, entre otras causas probables -desde la imprudencia a la desobediencia de la normativa hay un gran espacio-, la inexperiencia de los conductores. Y si bien es cierto que la propia práctica es la que aporta una capacidad necesaria para reducir los riesgos, no lo es menos que no estorbaría un repaso a la cuestión de la enseñanza y el grado de eficacia del sistema que ahora mismo existe.
Resulta conveniente, antes de proseguir, dejar claro que no hay intención crítica en la referencia a la profesionalidad de quienes trabajan en las academias especializadas. Muchos de ellos han reclamado una óptica más amplia en la temática de la formación de los conductores; no es un secreto que tal como se desarrolla hoy en día, es lógica la duda no sobre la calidad de su preparación, sino sobre su suficiencia y las condiciones en que se desarrolla. Subsiste el recuerdo de una larga huelga de autoescuelas que puso de relieve la situación del sector. Y aunque es imposible hablar de riesgo cero en el tráfico, sí hay margen para reducir los terribles balances. Pero debe asumirse que resulta mejor la educación que la represión, pero adecuada a la realidad.
¿No...?
