Transcurridos ya varios días desde que ocurrieron los hechos, y con la casi unánime opinión de los expertos en el sentido de que el lugar señalado para celebrar O Marisquiño no era adecuado por inseguro, parece indispensable que varios de los que hablan desde las administraciones se expliquen más y mejor. Por una razón sobre todas: son ellos los que están causando una parte del daño, y quizá la peor: consiste en el aumento de la confusión y de la desconfianza ciudadana hacia quienes han tomado -o no lo han hecho- las decisiones. Asunto en el que existe un vacío de datos.
El meollo de la cuestión hace apenas unas pocas horas parecía estar en la determinación de quién tenía que despachar el permiso para celebrar el festival. Y por lo tanto debería haber asegurado las condiciones en que podía desarrollarse la concentración de público -muy numerosa: no se necesitaba un profeta para prevenirlo- además de que la fiesta iba a ser agitada, con bailes y demás, como parece lógico. Y que todo ello exigía algo que no cumplió, tal como un informe técnico riguroso realizado por quien tenía la responsabilidad. Ésa es la clave.
El dato principal a cubrir es por tanto ése, más aún que el del jaleo sobre la interpretación de un convenio con dieciséis años de antigüedad. Y que fue asumido por diferentes y muy notables miembros de los partidos, PP y PSOE, que han ocupado la Presidencia del Puerto y la Alcaldía de Vigo durante ese periodo sin problemas sobre la cesión de uso de la superficie ahora en primera línea de polémica. Que se ha convertido además en el eje de un debate entre administraciones que -como ya se dejó advertido hasta por el ministro de Fomento- es lo peor que podía ocurrir y que a pesar del aviso, crece cada día.
(Hay otro aspecto fundamental acerca del que nadie se ha explicado. El arquitecto que diseñó el proyecto "Abrir Vigo al Mar", señor Vázquez Consuegra, declaró en este periódico que se cansó "de denunciar durante años el abandono de las instalaciones" y que "nadie asumió la reparación de la obra" a partir de que se terminó. Eso significa que cuanto sucede ahora es, por acción y por omisión, responsabilidad compartida con el convenio, los pactos, los partidos y el sursum corda.
Con las cosas así, procede un par de reflexiones. La primera, para insistir en que "partidizar" el asunto es una falta de respeto a heridos/as y el conjunto de la ciudadanía. La segunda, para evitar malos entendidos al añadir elementos que pretendiendo endosar culpas a una de las partes, podrían inducir a la sospecha de que, sabiendo alguien que existían obligaciones y riesgos para la gente del común en el posible incumplimiento, guardó silencio hasta que ocurrió el suceso de O Marisquiño. Semejante actitud, de haberse producido, resultaría como mínimo inmoral.)
A partir de ahí, y porque es del todo necesario eliminar vacíos, despejar dudas y clarificar todas las cuestiones pendientes, ha de confiarse en la tarea que ha emprendido la señora jueza que abrió ya la investigación correspondiente. Una tarea que ha de ser, por supuesto, meticulosa y profunda, pero también ágil y resolutiva. O, dicho de otro modo y desde el respeto al trabajo de su señoría, procurando que no ocurra lo que con otras, que se han prolongado tanto en el tiempo que cuando finalizaron ya no se recordaba bien todo cuanto sucedió ni quienes deberían haberlo evitado.
¿Eh?
