Como país, España está mostrando escasa responsabilidad y coherencia en el terreno presupuestario. Desde hace mucho tiempo padecemos un déficit estructural por el desajuste entre el coste de los servicios públicos y transferencias (pensiones, desempleo?) que queremos y los impuestos que recaudamos. Los años del boom ocultaron esta realidad. Pero ahora vuelve a ser evidente.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE-2018) que ha heredado el gobierno socialista nos proyectan a un déficit de -2,7%, medio punto por encima de lo pactado con Bruselas. Un disparate. En plena fase expansiva, con el ciclo ya remando a favor, deberíamos estar cerca del equilibrio presupuestario, gracias a unos ingresos mayores y acordes con un nivel de gasto público; bajo en perspectiva europea.
La estrategia del nuevo Gobierno central puede gustar más o menos, pero es coherente. En esencia, se pacta con Bruselas un aplazamiento por la dificultad extrema de ajustar a la baja, con el apoyo garantizado de menos de 100 diputados, unos presupuestos que ha costado tanto aprobar. Pero, a cambio, se ponen encima de la mesa medidas para atajar de una vez el déficit estructural en los PGE-2019. Actuaciones que gravitan sobre un incremento de ingresos.
¿Conseguirá el PSOE los apoyos parlamentarios para hacerlo? ¿Le penalizará asumir una estrategia fiscalmente responsable? No tengo las respuestas. Pero celebro que tengamos un Gobierno que intenta que aumente la coherencia presupuestaria en España.
*Director de GEN (Universidade de Vigo)
