Uno de los elementos seguramente menos comentados pero de una gran repercusión en la política española de estos años se refiere a la actuación de algunos jueces. Y no solo en la instrucción de asuntos especialmente "delicados" sino también -y puede que sobre todo- por sus sentencias. Y, en ese recorrido, por la influencia que los diferentes pasos tuvieron en la vida pública del país y/o de sus diferentes comunidades. Todo empezó con el caso "Flick" y la supuesta financiación del PSOE -alejado previamente del marxismo- por la socialdemocracia alemana.
Curiosamente, los grandes escándalos de la época inmediatamente posterior a la Transición tuvieron como referente a los socialistas y sus presuntas presiones sobre los tribunales que actuaron contra ellos. Los nombres de "Filesa" y el juez Barbero abrieron la ruta que de momento se detiene en la magistrada Alaya y su instrucción acerca de los ERE y la Junta de Andalucía. Un affaire de bastante mayor envergadura -de momento- que los del PP con Bárcenas, la trama Gürtel y los casos de Valencia o Madrid que desembocaron en la caída de Rajoy.
Viene a cuento el recordatorio porque en el transcurso de parte de esos hechos la dimensión política fue ampliada -o reducida- por la actuación de unos pocos jueces. Estuvo muy claro en la sentencia "Gürtel" y las ya fanosas consideraciones sobre el testimonio del entonces presidente del Gobierno, y a otra escala se recuerda en un fallo del TSXG en un contencioso que involucra a por "desvío de poder" a la Valedora do Pobo. Y que es aprovechado por la oposición en el marco de una estrategia global orientada a identificar al PPdeG con la merdée y que llega a exigir el desatino de que se le defina como un "partido corrupto".
Quedó dicho no ha demasiado que, sin entrar en las intenciones ni dudar de la independencia judicial en España, donde miles de jueces trabajan cada día por hacer más fuerte el Estado de Derecho, parece cierto que una serie de valoraciones contenidas en algunas sentencias son opinables e incluso discutibles. Y que por tratarse de casos recurribles, parece prematuro tratar los dichos como definitivos y, sobre todo, insinuar favoritismo hacia terceros, personas cuya honorabilidad queda al menos bajo sospecha para provecho de sus adversarios políticos.
Resulta evidente que, en un país tan prolífico en torquemadas como éste, la opinión que se expresa corre el riesgo de ser descalificada con epítetos de grueso calibre. Pero cuando se cree en la presunción de inocencia, por ejemplo, la que corresponde a la Valedora do Pobo -que además se ha ganado en estos años la confianza de miles de gallegos/as- ese riesgo hay que correrlo. Al menos mientras sea un asunto abierto y entre otros motivos porque ya está bien de cederle el terreno a los que solo saben insultar manejando la confusión entre las apariencias y los hechos. Pero solo cuando les conviene; cuando no, se pasan a un maniqueísmo sectario en el que los suyos son siempre los buenos, meredores de todas las presunciones favorables, y los malos los demás.
¿Verdad?
