El 15 de octubre, a la una de la tarde, empezaron a celebrarse los juicios sumarísimos en la Caja de Reclutas de Pontevedra. El tribunal militar estuvo presidido por el teniente coronel Fernando Sánchez González.

La vista contra Juan Manuel Gómez Corbacho, presidente de la Sociedad de Chóferes y conductor de la línea de Pontevedra-Cangas, despertó una notable expectación por tratarse de una persona muy conocida, y por la gravedad de la acusación: sendos delitos de auxilio a la rebelión y tenencia de material explosivo. Gómez Corbacho fue cazado con las manos en la masa, mientras preparaba unas botellas explosivas en un garaje junto al malecón de A Moureira.

El fiscal, teniente Juan Villavicencio, solicitó la pena de 20 años de reclusión temporal, mientras que el defensor, capitán Arturo Carrillo, reclamó un fallo benigno por considerar que Gómez Corbacho había actuado bajo presión de los dirigentes de la revuelta. Finalmente se impuso la tesis del fiscal y el encausado fue condenado a 20 años de cárcel.