Los controladores aéreos adoptaron ayer a traición la decisión de pedir bajas médicas de forma masiva abandonando sus puestos de trabajo, provocando horas después el cierre del espacio aéreo español. Se trata de la acción más grave en la historia de conflictos de este colectivo que se adoptó además en un momento especialmente crítico: cuando cientos de miles de personas se disponían a salir en avión para disfrutar de unas cortas vacaciones y que han visto cómo se esfumaban sus expectativas e ilusiones. Además, supone un perjuicio incalculable para la economía del país cuando el sector turístico esperaba una inyección vital en la actual situación de crisis.
Esta acción sin precedentes provocó una respuesta también sin precedentes del Gobierno, que firmó anoche la militarización del servicio para intentar paliar lo que sin duda puede calificarse de una situación de emergencia para el país. Debe utilizar sin miedos ni medias tintas todas las mas enérgicas herramientas legales a su alcance para envíar un mensaje claro y contundente a los controladores e impedir que una crisis así pueda repetirse en otro momento. Además, la Fsicalía emprendió una investigación penal que debe llevar de todo el peso de la justicia sobre quienes quebrantan de forma tan artera la paz social de unos ciudadanos indefensos. Este colectivo no puede volver a tomar a un país entero como rehén de sus reivindicaciones en un intento de mantener un estatus de privilegio consolidado a lo largo del tiempo y que difícilmente casa con la actual situación económica. El Ejecutivo debe contar con el respaldo de toda la oposición a la hora de tomar las medidas necesarias, sin la tibieza con que ha venido actuando hasta ahora en este asunto, en defensa de los intereses nacionales.
