La comparecencia en el Congreso del gobernador del Banco de España ha incomodado al Gobierno y a los sindicatos. Sobre todo cuando ha dicho que las finanzas públicas deben de estar saneadas, ya no admiten mayor margen de gasto, y de mantenerse el actual ritmo de endeudamiento, podríamos poner en peligro la viabilidad del sistema de pensiones. “En el plazo de un año -advirtió- desaparecería el superavit de la Seguridad Social y allá por el 2025 entraríamos en déficit creciente”. El hecho de que el señor Fernández Ordóñez proceda de la familia socialista le ha sentado muy mal al presidente Zapatero que acababa de cambiar a varios ministros para dirigir, precisamente, un programa económico de más gasto público para hacer frente a la crisis. Visiblemente irritado, el presidente ha manifestado que las opiniones del gobernador están basadas en análisis muy superficiales del gabinete de estudio de la entidad. “Igual que le ocurre a sus colegas de los bancos centrales europeos -replicó- le gusta situarse por encima del bien y del mal y hacer predicciones sobre asuntos en los que no tiene ninguna responsabilidad”. Y en la misma línea despectiva hacia las opiniones del gobernador se pronunciaron los sindicatos, que recordaron la existencia de un fondo de reserva de las pensiones, dotado con 58.000 millones de euros, para prevenir hipotéticas insuficiencias del sistema en el futuro. La oposición, especialmente el PP, se alineó con los temores de Fernández Ordóñez y pidió la convocatoria del Pacto de Toledo, una especie de observatorio político permanente sobre el horizonte de las pensiones. En realidad, las predicciones sobre un inminente colapso de la Seguridad Social no son de ahora y se repiten cíclicamente. A principios de la década de los noventa, organizaciones empresariales y gabinetes de estudio de los bancos pronosticaron la quiebra de la Seguridad Social para el año 2000, aquel en el que todo tipo de catástrofes apocalípticas iban a producirse. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Otra cosa es corregir los defectos y las injusticias del sistema, que es claramente perfectible. En su ensayo “Bienestar insuficiente, democracia incompleta” el profesor Vicenç Navarro señala que la Seguridad Social española corre con la carga de abonar gastos que deberían sufragar el Estado y las empresas, tales como las pensiones no contributivas (es decir las de quienes no han cotizado) y las prejubilaciones, o jubilaciones anticipadas, tan generosamente concedidas estos últimos años, sobre todo a la banca y a poderosas compañías privatizadas como Telefónica. Reforzar el sistema público de pensiones significa al mismo tiempo promover una política de empleo progresista, aumentar el salario mínimo, facilitar la integración laboral de la mujer en condiciones de igualdad salarial con el hombre, proporcionar ayudas a las familias para la educación de los hijos, etc. Al fin y al cabo, el sistema público es el único justo, equitativo y fiable. Ya hemos visto, durante esta crisis económica, a donde han ido a parar los fondos privados de pensiones, sometidos a maniobras especulativas. Aun no hace mucho, un ministro del gobierno actual proponía llevar a Bolsa una parte del fondo de reserva de las pensiones, para rentabilizarlo mejor. Menos mal que nadie le hizo caso.