Al ya extinto Gobierno de Don Manuel le ha salido a título póstumo un cuñado, dolencia que políticamente suele ser tan dolorosa como un padrastro -o panadizo- de los que infectan los dedos. El fiscal del Tribunal Superior de Galicia acaba de imputar al ex director general de Industria, Ramón Ordás, un presumible delito de tráfico de influencias bajo la acusación de haber adjudicado un buen lote de parques eólicos y minicentrales hidráulicas a un cuñado suyo.
El asunto tiene mucho de paradoja. Las concesiones administrativas con las que, según la Fiscalía, se ejerció el trato de favor pertenecen al ramo de las llamadas "energías limpias" que se obtienen del aire y del agua. Y mal se armoniza la promoción de la limpieza del medio ambiente con procedimientos tan poco higiénicos como los que, en apariencia, se utilizaron en este caso.
No ha tenido Fraga especial suerte con algunas gentes bajo su mando, incluyendo a validos tan peculiares como Verstrynge o Hernández Mancha. Nadie pudo acusar al monarca gallego de enriquecerse con cualquiera de los innumerables cargos que ocupó durante el franquismo y la democracia; pero, al igual que le ocurrió a Franco, tampoco ha conseguido librarse de los disgustos típicos de la parentela. Un detalle particularmente enojoso, sin duda, para un decidido defensor de la familia como Don Manuel.
Si bien se mira, lo que el ex director general de Industria ahora imputado hacía no era otra cosa que dedicarse a la promoción económica de la institución familiar. Tal vez se equivocó de sección.
Antes que en el ramo de la industria y la energía, el tan mentado alto cargo habría encontrado su verdadera vocación al mando de una Dirección General de Protección de la Familia en la que sus cualidades -o, al menos, las que el fiscal le atribuye- encajarían mucho mejor con el perfil del puesto. ¿Quién podría reprochar a un gobernante encargado de favorecer a la familia el buen trato a la suya propia?
La oposición -que en el momento de autos era gobierno- retrucará probablemente ahora que no deja de resultar sospechosa la salida a la luz de estos asuntos un tanto oscuros en vísperas de unas elecciones municipales. Pero eso sería tanto como atribuir a la Fiscalía propósitos de orden político y aun electoral que en buena lógica están fuera de su alcance.
Puestos a defender al director general y mayormente a su cuñado -cuya presunción de inocencia hay que respetar, como es lógico-, también podría alegarse que estamos ante un modelo de emprendedor en esta Galicia tan necesitada de gentes con iniciativa de negocio. Y un hombre capaz de tener participación en nada menos que 35 empresas, como el cuñado de Ordás, ha de ser necesariamente todo un capitán de industria.
Bien es verdad que, según advierte la Fiscalía del más alto tribunal gallego, esas sociedades contaban con un capital "muy escaso" y no disponían siquiera del "soporte técnico y material" preciso para ejecutar los proyectos energéticos que la Xunta (familiarmente representada por su cuñado) les adjudicaba con tanta prodigalidad. Pero ese dato, visto desde el lado lleno de la botella, no haría sino confirmar el alto grado de audacia que algunos emprendedores gallegos aplican a sus planes de expansión.
Que lo hagan con el apoyo de sus cuñados o cualesquiera otros familiares resulta irrelevante a estos efectos. Lo que importa es que el país -y la familia- salgan adelante con el impulso de los molinos de viento y las centrales hidráulicas que ordeñan por igual kilovatios y beneficios a los elementos naturales de este viejo reino autónomo.
Después de todo, cuñado y cuña son palabras relacionadas que acaso den origen a la expresión "meter una cuña". Una frase coloquial típicamente gallega que, según el diccionario de la Real Academia Española, equivale a "hacer recomendaciones a favor de alguien". Hay que ver cuánta sabiduría contienen los diccionarios.
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