Juzgan a un vecino de Bueu que portaba 950 euros en un calcetín y 160 dosis de droga

Un vecino de Bueu se enfrenta a una pena de 5 años de prisión acusado de un delito contra la salud pública después de que fuese interceptado por la Guardia Civil con un calcetín en el que portaba 950 euros, presuntamente procedentes de la venta de droga. Posteriormente fue localizado en otro punto del municipio y se le incautaron 160 dosis de sustancias estupefacientes: 100 de heroína y 60 de cocaína.

Los hechos ocurrieron en 2021 y cuando el acusado fue interceptado por primera vez viajaba con otra persona a bordo de un Audi A3. La Guardia Civil les dio el alto en el lugar de Outeiro y en ese registro se localizaron 950 euros en el interior de un calcetín, un dinero repartido en billetes de 5, 10 y 20 euros. Los agentes estiman que ese dinero procedía de la actividad ilícita de venta de sustancias estupefacientes.

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Ese mismo día el acusado fue localizado en el centro de Bueu, en la calle Pazos Fontenla, y en esta ocasión el hombre llevaba consigo una bola de color marrón. En su interior se localizaron hasta 160 dosis de droga.

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El escrito de Fiscalía expone que los agentes de la Guardia Civil le intervinieron 60 dosis de cocaína, preparadas para la venta y distribución a terceras personas. Esta droga tenía un peso de 5,376 gramos y su valor de mercado superaba los 700 euros. Por otro lado, el acusado llevaba consigo otros diez envoltorios de una sustancia marrón que resultó ser heroína. En total había 100 dosis de droga, con un peso ligeramente superior a los 10 gramos y con un valor estimado de 500 euros.

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El juicio se celebrará el próximo martes a las 12.15 horas en la Audiencia de Pontevedra. En principio aparecen como acusados las dos personas que viajaban a bordo del Audi A3, pero la Fiscalía solicita una sentencia absolutoria para uno de ellos porque no consta acreditada su participación en los hechos delictivos que se le atribuyen a su compañero.

Para el vecino al que se considera como responsable de un delito contra la salud pública se solicita una pena de cinco años de cárcel y una multa de 3.642 euros. En caso de que no haga frente a esa sanción se plantea una responsabilidad subsidiaria de tres meses de prisión.

Las diligencias se instruyeron desde los juzgados de Marín y el juicio se celebrará en la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra.

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