Moaña adjudica el proyecto para contar con un auditorio y viviendas sociales en dos años

La Xunta de Goberno Local de Moaña formalizó ayer la adjudicación del proyecto de construcción de un edificio público en el ámbito de Sisalde para 10 viviendas de alquiler social y un auditorio en el bajo y entreplanta. Con el paso dado ayer esta semana se formalizará previsiblemente el contrato con el estudio de arquitectura que ganó el concurso público para diseñar el futuro inmueble. Se trata de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Jorge García Anta y Fernando Eiroa Lorenzo. El coste de la redacción del proyecto asciende a 229.900 euros, incluyendo el IVA.

Este paso permite al gobierno local liderado por Leticia Santos mantener la previsión de contar con el edificio listo en un plazo de dos años, por lo que a mitad de mandato los moañeses podrán utilizar el demandado auditorio municipal, después de décadas de reivindicaciones del sector cultural ante la falta de un espacio de entidad suficiente para poner en escena las diferentes disciplinas artísticas de Moaña.

La propuesta base de los arquitectos que se hicieron con el contrato contempla una altura de caja escénica de 11 metros y un fondo con un mínimo de 9+2 metros, así como un aforo de 400 butacas. La solución del proyecto definitivo deberá contemplar un acceso directo al escenario desde la altura de la calle.

El futuro espacio cultural deberá contar con un aforo de 400 butacas

Los técnicos integrantes de la mesa de contratación valoraron, de la oferta ganadora, que permite un elevado grado de independencia entre el uso del auditorio y las viviendas, si bien no se reduce por completo la interacción entre ambos. Para ello su propuesta incide en cuidar el aislamiento acústico de las viviendas situadas sobre el auditorio.

El Concello de Moaña logró la implicación de técnicos externos de otras administraciones para darle seguridad a todo el proceso y además consiguió superar un fuerte contratiempo, como fue el recurso del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, que se quejaba del plazo de 15 días para la presentación de ofertas.

Finalmente el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (Tacgal) falló a favor del Concello al entender que no se pueden anular unos pliegos cuyos plazos se ajustan al mínimo exigido y no apreciar ni temeridad ni mala fe por parte de la administración local.

Suscríbete para seguir leyendo