Un vecino de Bueu acepta 5 años de cárcel por almacenar droga por valor de 200.000 euros

La Audiencia Provincial de Pontevedra condenó ayer a un vecino de Bueu, J. B. P. R., a una pena de cinco años de prisión como autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. La sentencia es firme al contar con la conformidad del acusado, lo que le permitió la reducción de la petición de condena que inicialmente solicitaba el Ministerio Fiscal de ocho años de prisión porque almacenaba en su vivienda sustancias estupefacientes por valor de casi 200.000 euros.

Una pena privativa de libertad que el acusado podrá eludir si demuestra que está sometiéndose con éxito a un proceso de deshabituación de las drogas. Precisamente, en la sentencia se tuvieron en cuenta los atenuantes de colaboración con la justicia y adicción a las drogas en el momento de los hechos para rebajar la pena inicialmente propuesta. Además de los cinco años de prisión se le impone una multa de 150.000 euros.

La Audiencia incoa ahora una pieza ejecutoria en la que, entre otras cuestiones, determinará si se suspende la pena de prisión y ordenará las diligencias necesarias para comprobar si el acusado superó este proceso de desintoxicación.

Si es así, la Fiscalía no se opondrá a la suspensión de la condena de cárcel. El acusado permanece en prisión provisional desde el 4 de diciembre de 2021, cuando fue detenido, decisión ratificada en febrero del pasado año por el juzgado de Marín.

Registro en su domicilio

Según el escrito del Ministerio Público, el acusado de 31 años, en el año 2021 se dedicaba al tráfico de droga a terceras personas. En diciembre de ese año se procedió al registro de su domicilio en Bueu (en el lugar de Xexide) en donde se hallaron numerosas bolsas plásticas con distintas cantidades de estupefacientes.

En total, se incautó cocaína valorada en 170.000 euros (unos dos kilos aproximadamente) y cuatro kilos de resina de cannabis (valorado en 26.000 euros). También se encontraron efectos relacionados con la manipulación de los estupefacientes, una carpeta con anotaciones manuscritas de nombres y números, una envasadora al vacío y 6.000 euros en efectivo, entre otras pruebas.

Por estos hechos, el ministerio fiscal solicitaba inicialmente una pena de 8 años de prisión y una multa económica de 680.000 euros por un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan “grave daño a la salud y de notoria importancia”.

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