Abogados de los Morones no encuentran motivos por los que el juez que instruye la causa de “Operación Vida” , David Pérez Laya, se niegue a nuevas declaraciones de Sinaí Giménez y rechace realizar nuevas pruebas y señale en su auto de denegación que desconoce la razón por la que el rey de los gitanos gallegos pide volver a declarar en esta fase. En sus alegaciones, sus abogados y los de otros investigados señalan que el juez actúa con parcialidad y de forma despectiva, prejuzgándoles y criminalizándolos manifestando que aumentaban el poder cuando los ayuntamientos les concedían licencias para las cooperativas de trabajo asociado. Se insiste en que el juez sigue creyendo y apostando por una sola versión, las de las personas enemistadas con la familia Morón y Miguel Ángel Valverde Benedicto.
Señalan en las alegaciones que a las cooperativas de trabajo asociado y a varias asociaciones se les acusa de quedarse con el dinero recaudado en los mercadillos, “pero sin embargo el juez obstaculiza el poder saber si dichas deudas son realidades o unas estafas de los ayuntamientos ya que, según nos consta, emitieron recibos de pagos sin que dichas cooperativas y asociaciones hubiesen solicitado licencias municipales. Consideran la familia Morón que están ante un verdadero caso de indefensión porque de hacer caso a sus pretensiones, se demostraría que “todos y cada uno de los delitos que se están imputando en esta causa son rotundamente falsos, viciados y manipulados, orquestando y creando una causa general y preceptiva tal y como se puede desprender de la solicitud efectuada por la Guardia Civil y aceptada por el juez para supuestamente analizar datos de la instrucción después de que éstos hubiesen creado un informe policial enviado a la Fiscalía de Pontevedra totalmente manipulado contaminado, parcial y se dedicasen a prejuzgar y hacer comentarios despectivos contra distintos miembros de la familia Morón seis años antes”. Aseguran en las alegaciones que lo curioso es que el juez “intenta maquillar con una palabra técnica la realidad, que la Guardia Civil se dedicó a hacer un informe policial sin una investigación previa y sin pruebas y envió a personas totalmente inocentes y sin antecedentes penales 20 meses a prisión y ahora intenta justificar sus actos. El juez, creemos que sospecha que una vez finalizada la instrucción de la causa tendrá una denuncia por tráfico de influencias y prevaricación continuada.
Esta es la respuesta de la familia Morón a la decisión del juez David Pérez Laya de que no ha lugar a la declaración de Sinaí Giménez que solicitó su abogada. El juez considera que las diligencias solicitadas no son ni pertinentes ni útiles, ni necesarias. También señalaba el juez instructor que Sinaí Giménez había declarado varias veces en el presente procedimiento, solicitándolo nuevamente, desconociendo la razón, y que su solicitud se presentó después de haber declarado la no prórroga de la instrucción del caso, que fue recorrida por el Ministerio Fiscal. Añade el juez que no se ocasiona indefensión porque tiene la oportunidad de expresarse libremente en el juicio oral.
