El Concello de Bueu remitirá un certificado al Ministerio de Hacienda para demostrar que no tiene ninguna deuda pendiente con proveedores y por tanto quiere evitar que el Gobierno central le imponga un plan de ajuste. El municipio figura en una lista de 141 ayuntamientos de Galicia hecha pública hace unos días y que sumaban una deuda conjunta cercana a los 70 millones de euros. El Estado apuntaba que se haría cargo de la misma a través de un plan de rescate municipal que, en todo caso, implicaría aplicar un recorte en las cuentas municipales.
La lista divulgada por Hacienda –en la que figuran ciudades como Pontevedra, Santiago, Ourense o Ferrol– hace referencia a deuda de los concellos con proveedores previa al 31 de julio de 2021, que se recoge en una plataforma habilitada por el ministerio. La presencia en la misma puede producirse por dos vías: a través de la solicitud de los acreedores, que hacen constar que tienen una deuda impagada con un ayuntamiento, o bien la propia administración local lo comunica para adherirse a ese plan de rescate.
En el caso de Bueu, su inclusión fue solicitada por la compañía eléctrica Naturgy y por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Desde el departamento municipal de Intervención se confirmó ayer a la Alcaldía que se emitieron sendos certificados en los que se hace constar que esa deuda ya estaba pagada o que bien no existía. “Los técnicos nos confirman que no tenemos ninguna deuda pendiente y por tanto se comunicará a Hacienda”, explica el alcalde, Félix Juncal.
Los técnicos atribuyen la circunstancia a un retraso puntual en un trimestre del periodo medio de pago de facturas a proveedores [fijado en 30 días], una demora que en todo caso tuvo lugar “hace aproximadamente hace un año y medio”, apunta el regidor.
Los técnicos municipales ya firmaron la correspondiente certificación, que será remitida al Ministerio de Hacienda. Se trata de una precisión de gran importancia ya que en caso contrario desde el Gobierno central podrían imponer medidas económicas al Concello. Si realmente existiese esa deuda y el Estado la abonase, a cambio el ayuntamiento debería aplicar un plan de ajuste en el que sería necesario recortar al menos un 5% los gastos corrientes y de personal. Además, deberían “financiar íntegramente el coste los servicios públicos mediante la aplicación de tasas y precios públicos”. Sería un plan de ajuste similar al que se aprobó en 2012 y que el Concello de Bueu amortizó con casi dos años de antelación.
Precisamente en estos momentos el gobierno municipal BNG-ACB trabaja en la elaboración de los presupuestos municipales de 2022, que podrían experimentar un significativo aumento con respecto al ejercicio precedente. Recientemente el pleno aprobó la primera Relación de Postos de Traballo (RPT), que prevé un aumento de la masa salarial y que se aplicará de manera progresiva.
