Fini, vecina de O Porriño, fue la primera en llegar a a la avenida de José Costa Alonso, en O Con, en Moaña, en donde el propietario de la terraza del restaurante Marusía, Marco Antonio Pérez, iba a empezar, a las cinco de la tarde, cumpliendo la orden de derribo de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), a desmontar la estructura aérea de esta mítica instalación hotelera. La terraza del Marusía lleva más de 40 años formando parte del frente marítimo moañés y es todo un símbolo que incluso recogió Domingo Villar en su novela “El último barco”, ambientada en la parroquia de Tirán. Fina es una de las afectadas por la avalancha, que desde hace tres o más años, están llegando a O Morrazo y áreas limítrofes, con órdenes de derribo de la APLU, en su caso por una casa de segunda residencia en Santa Marta, en Cangas, afectada por Costas. Dice que está a 400 metros del mar y que es una de esas cosas raras que pasa en Costas, que a ella le manda tirar, incluso un muro que hicieron con licencia hace 30 años, y a otra al lado, no. Al poco también llegaba Charo Gil, otra afectada de Cangas, a la que también hace tres años le llegó la carta de derribo de la APLU y sigue en pleitos contra la Axencia. Y así hasta juntarse una veintena de personas respondiendo a la convocatoria de concentración del colectivo de afectados pola APLU, que agrupa a vecinos de Cangas, Moaña, Bueu, Poio y Vilaboa, en apoyo al inquilino del Marusía.
La retirada de la instalación deja a este hostelero sin posibilidad de poner terraza ya que las obras del camino real han dejado peatonal el frente del local. Solo podrá aprovechar los dos bancos de piedra históricos de la fachada, aunque sus expectativas de negocio ante las restricciones del COVID no son nada optimistas y ayer se apreciaba en el estado de ánimo de Marco Antonio Pérez. Su hijo, de corta edad, estaba junto a él diciendo que él quería que siguiera la terraza como está: “La quiero así para siempre”, repetía el pequeño.
Los afectados se concentraron en la calle portando pancartas de mano en las que se podía leer “APLU abusóns. Moi fortes cos pobres e os ricos nin tocalos” y otra de más tamaño “Stop. As casas non se tiran”. Sabían que estaban a pocos metros de la vivienda de segunda residencia de la familia de Feijóo en Moaña.
Se quejan de que los okupas tienen más derechos que ellos, “entran en una vivienda y ni les puede cortar la luz, incluso un ladrón cumple su condena y ya está; pero las órdenes de derribo de nuestras casas no caducan y, aún por encima, estamos recibiendo multas coercitivas todos los meses”. Un vecino de Liméns asegura que además de la restitución de la legalidad con el derribo, se enfrenta a una multa de 30.000 euros por un galpón “porque lo valoraron como un piso en Vigo”; mientras que otro de Combarro, que compró hace años una vivienda al promotor de una urbanización, confirma que ya tiene 80.000 euros en multas coercitivas, por un esquina de dos metros en servidumbre de la casa que afecta a tres plantas: salón, una habitación, cocina y baño: “Empezaron con una primera multa de 10.000 euros, otra de 25.000 a los tres meses y la tercera ahora hasta los 80.000, con los intereses”. Pregunta dónde estaba la Consellería de Medio Ambiente cuando se dieron estas licencias.
Todos los afectados aseguran que están a varios metros de la línea del mar, algunos reconocen que cuando construyeron hace 30 años, cometieron un error, pero consideran que “a los okupas les dan más derechos que a a nosotros, cuando estamos hablando de nuestras casas, en donde vivimos, y para algunos su residencia habitual”.
Desde el verano pasado, los afectados ya han protagonizado manifestaciones para pedir solución, una de las primeras en apoyo a una familia de Nerga con orden de derribo de su casa por parte de la APLU, contra la que presentaron ya recurso de reposición tras serle rechazadas las alegaciones. La solución la ven complicada, aunque recuerdan que sí podría venir por la reducción de la línea de costa de los 100 a los 20 metros en aquellos núcleos con servicios. Aseguran que ellos llevan años pagando el IBI o la basura por unas casas a las que ahora la APLU puso la piqueta encima.
“A actuación da Xunta, ademáis de non ter parangón con outras comunidades, é inxusta”
En un comunicado, el colectivo de afectados pola APLU muestra su malestar con la política de derribos de la Xunta de Galicia, en este caso con la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística: “Resulta violento ver como familias enteiras despois de 20, 30 incluso 40 anos, vense de súpeto requeridos para que derriben a súa vivenda ou negocio familiar. Ata colectivos deshonestos coa sociedade como son os defraudadores fiscais, gozan da presunción de inocencia e incluso tiveron amnistía, trato que se nos nega a nós”. De entrada, añaden, que desde la Xunta se impusieron multas coercitivas desproporcionadas por la supuesta invasión de espacios a proteger, “para a continuación exixir que se acometan en tiempo récord o derribo das nosas vivendas sen preocuparlle se dispondremos dunha vivenda digna”. Entienden que esta actuación de la Xunta no tiene “parangón” con otras comunidades de España y la califican de injusticia.
