La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) sigue sin ofrecer buenas noticias para la familia de Nerga a la que abrió expediente en 2019 porque su casa está situada dentro de la zona de dominio marítimo terrestre. Con fecha del 27 de octubre, la APLU desestima todas las alegaciones y también abunda en que la casa carece de licencia, cuando los propietarios aseguran que la tienen. Este organismo dependiente de la Xunta de Galicia resuelve que los expedientados, José Ramón Blanco Piñeiro y Rosa María Fernández García, en su condición de propietarios y promotores, les ordena a restituir las cosas y a su reposición al estado anterior a la comisión de la infracción, a cuyo efecto deberán proceder a completar la demolición de la edificación residencial y solera en el lugar de la playa de Nerga, en el Concello de Cangas, “ata deixar vacante a parcela delas, no prazo máximo de tres meses a contar desde a notificación da resolución, dando conta á Axencia”.
La APLU advierte expresamente a los propietarios que transcurrido el plazo concedido sin que se de cumplimiento en sus justo términos a los ordenado, se procederá a la ejecución forzosa mediante imposición de multas coercitivas de cuantía, cada una de ellas, que no superarán el 20% del importe de las multas fijadas para las infracciones cometidas. Sí que es cierto que esta resolución cierra la vía administrativa, contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el director del APLU, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la recepción de la notificación o a presentar recurso de reposición y siempre queda la posibilidad de interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el juzgado de lo contencioso-administrativo de Santiago de Compostela o de la circunscripción donde el recurrente tenga su dirección.
Esta nueva resolución de la APLU, aunque aprieta, no se desmarca de lo dicho en agosto por el director de este organismo, Jacobo Hortas, que comunicó a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, que la APLU no impondría medidas de ejecución forzosa mientras haya recursos sin resolver. Es decir, en el caso de la casa de Nerga quedan recursos pendientes, el de reposición y el contencioso-administrativo.
Sí que es cierto que, en contra de lo que se mantenía por parte de la propiedad y el propio Concello aseguraba, la APLU entiende que la mencionada casa en la playa de Nerga se construyó sin licencia. De hecho en varias reuniones que mantuvieron la propiedad con los portavoces municipales, se distinguía entre este caso y otros dos más de casas amenazadas de derribo por la APLU porque el Concello de Cangas les había concedido licencia municipal, mientras que un nutrido grupo de afectados, que puede llegar al medio centenar, carecía de la misma. Se insistía en ese momento en que para la licencia, las tres familias de Nerga sobre las que se cierne el desastre de la demolición más inmediata, contaron con el aval del colegio de arquitectos y se construyeron en terrenos que fueron de sus familiares durante toda la vida.
Fue en el mes de junio de este año cuando saltó la noticia de que desde la APLU se habían notificado numerosos expedientes de demolición de viviendas en las parroquias de O Hío y Darbo. Más de medio centenar de edificaciones, entre ellas viviendas, galpones y alguna que otra chabola construida a partir del año 1989 y que no encuentran recoveco legal para su regularización, después de que fracasara el intento del Concello de Cangas de regularizar las viviendas a través de los núcleos costeros, a través de la disposición transitoria 1ª de la Ley de Costas, donde la línea de protección del dominio público marítimo terrestre pasaría de 100 a 20 metros. Durante el verano, las protestas de los afectados saltaron a la calle con concentraciones multitudinarias de apoyo.
Un expediente que nace de una inspección en 2019
En esta resolución de expediente sancionador y de restitución y reposición de la legalidad urbanística por actuaciones abusivas en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, se recuerda que el expediente nace a raíz de una inspección realizada en octubre de 2019. Esta resolución, de octubre de 2021, dice que pone fin a la vía administrativa, pero los propietarios de la vivienda de la plaza de Nerga ya manifestaron en el mes de junio ue se les había comunicado el fin de la misma. De hecho pusieron el asunto en manos de sus abogados. José Ramón Blanco Piñeiro y Rosa María Fernández recordaban en junio que antes de empezar a construir su vivienda vino el inspector de obras e informó de que no había problemas. “Conseguimos la licencia municipal e inscribirla en el Registro de la Propiedad, además de obtener el fin de obra, pagar el IBI y el Catastro. Ahora nos dicen que todas aquellas edificaciones anteriores al vuelo de 1989 son ilegales. Nadie nos dijo nunca nada.” señalan.
