La Mancomunidade de Montes do Morrazo se opone frontalmente a la instalación de un parque eólico en los montes de Bueu, Marín y Moaña, un proyecto que impulsa la empresa ACS y que plantea la colocación de alrededor de una docena de aerogeneradores. El ente que reúne a todos los comuneros de la comarca ha tomado la decisión de integrarse en la Plataforma Eólicos no Morrazo Non y alerta de que la implantación del parque podría llegar a afectar a 5.000 hectáreas de terreno, tanto privado como comunal. Los comuneros también consideran irrisoria la oferta económica presentada, que rondaría los 9.000 euros al año por cada molino.
La directiva de la mancomunidade mantuvo ya una primera reunión para valorar la situación, que por ahora califica de “tanteo” ya que no existe documentación alguna a trámite institucional. Un encuentro del que salió el acuerdo de integrarse en la Plataforma Eólicos no Morrazo Non! y de poner a su disposición los locales de las diferentes comunidades de montes para realizar charlas informativas para los vecinos.
Las parroquias y lugares afectados serían Cela, Ermelo, Moaña, Ardán y Santomé de Piñeiro. La colocación de aerogeneradores lleva aparejadas una serie de restricciones legales para garantizar la seguridad, limitaciones que afectan a los usos agroforestales o incluso para la construcción o restauración de viviendas dentro de su radio de afección. La Mancomunidade de Montes do Morrazo estima que la docena molinos que se pretenden colocar supondrían afectar a unas 5.000 hectáreas de suelo.
A mayores están también los daños sobre el terreno, que no se limitan solo a los lugares en los que se ubicarían. “Para que los grandes camiones puedan trasladar las piezas para montar los molinos se producirían considerables daños en las propiedades privadas, en los montes vecinales y caminos públicos porque carecen de los viales adecuados”, explica el presidente de la Mancomunidade de Montes, Xosé Ramón Millán. La directiva también pone el foco sobre el impacto visual y paisajístico de estas instalaciones. “Los molinos que producen 3 megavatios son los de mayor tamaño, con un impacto visual aéreo de más de 150 metros de altura y unos 20 metros de base soterrada que dañaría a la mayoría de acuíferos y podría eliminar las captaciones de agua que abastecen a Marín, Bueu, Cangas y Moaña”, añaden.
Desde el ente comarcal no dudan en tachar de “miserable” la oferta económica presentada, que cifran en 9.000 euros al año por cada molino. Argumentan que cada aerogenerador de este tipo puede llegar a producir 7.800 megavatios al año. “Si tomamos un precio medio razonable, como unos 75 euros por megavatio, cada uno de estos aerogeneradores produciría unos beneficios brutos de 585.000 euros anuales. En el resto de Galicia las empresas están llegando a ofrecer un pago anual del 3%, que son unos 17.500 euros por año y molino”, afirman. En este sentido, la directiva reprocha tanto a la Xunta como al Gobierno central su falta de regulación y la “libertad total” que conceden a las empresas para “el expolio energético de Galicia”.
Desde este ente supramunicipal matizan que no están en contra de las energías limpias y renovables, pero apuestan por un modelo similar al de los países del norte y centro de Europa y sus “comunidades energéticas locales”. En este caso la energía se produce a través de paneles solares, micromolinos eólicos y pequeñas turbinas acuáticas que generan la suficiente producción “para autoabastecerse y vender la sobrante”. En el caso de Galicia, denuncian que hay unos 4.000 aerogeneradores instalados y la comunidad solo consume el 30% de la energía que producen y el 70% restante se exporta. “A pesar de sufrir los daños ecológicos, en la salud, económicos y paisajísticos, además de que no se crean puestos de trabajo, el recibo eléctrico que nos pasan al cobro a las unidades familiares es el mismo que en el resto del Estado”, argumenta Xosé Ramón Millán.
La Mancomunidade de Montes do Morrazo también alude a los posibles efectos nocivos sobre la salud y la fauna y asegura que la “experiencia demuestra” que en otras zonas de Galicia el valor de la viviendas cayó un 30% y “los vecinos acabaron marchándose”.
