Con matices propios pero con un fondo común los grupos que forman la corporación de Cangas coinciden en la necesidad de recuperar la patrulla nocturna de la Policía Local. Así lo demostraron en la sesión plenaria del viernes, en la que todos respaldaron una moción presentada por el Partido Popular en la que se reclamaba la implantación de un servicio perdido en julio de 2019 y solamente recuperado de forma provisional en las pasadas fiestas del Cristo.
El portavoz del principal grupo de la oposición, José Enrique Sotelo, se mostró contundente en sus críticas por la falta de un servicio que considera fundamental, mientras que desde las filas de Avante!, Tomás Hermelo reclamó la elaboración de un informe sobre la necesidad de establecer un turno de noche. La portavoz del BNG, Mercedes Giráldez, unió las dos posturas y apuntó que si bien será necesario contar con un informe, también es cierto que “no tener patrulla resulta peligroso”. No hubo dudas a la hora de mostrar su respaldo el PSOE e incluso se sumó a la iniciativa el propio grupo de gobierno por boca de la alcaldesa, Victoria Portas, si bien matizó no estar de acuerdo con el fondo de la moción.
Sotelo apuntó que en los presupuestos de 2020 hay plazas suficientes consignadas como para poder implantar el turno de noche, y Portas confirmó que hay consignadas 24 plazas a pesar de que la plantilla actual esté integrada únicamente por 20 agentes.
Todos los grupos respaldan la propuesta del Partido Popular para contar con el turno de noche
Otra de las cuestiones que fue aprobada en pleno, si bien únicamente con los votos de los grupos de izquierda y con el PP en contra fue la moción de Avante! en la que se proponía un mayor gravamen a las segundas residencias a través del IBI. La cuestión originó un debate para matizar esta iniciativa, toda vez que desde BNG y PSOE se presentaron diferentes casuísticas como propietarios que tienen a sus hijos en varios pisos o herencias, para diferenciarlas de los alquileres de temporada. Avante! aceptó incluir que ese gravamen se realizase tras un estudio previo de desocupación a fin de discriminar todos los casos, habida cuenta de que su interés último era “eliminar la especulación de los alquileres de temporada”. Los otros puntos de la propuesta eran fomentar un banco municipal de viviendas de alquiler, fomentar la rehabilitación de viviendas y aumentar al máximo el porcentaje de vivienda protegida pública en los proyectos de desarrollo urbanístico.
El pleno aprueba un mayor gravamen a las segundas residencias desocupadas
El PP no se sumó a la propuesta al considerar que el problema último era la ausencia de un Plan Xeral de Ordenación Municipal, al igual que otros concellos del entorno, como Marín, Bueu, Vigo o Moaña. “No se ofrece una seguridad jurídica a esa vivienda nueva”, señaló el edil Rafa Soliño. Asimismo, apuntó que la subida del IBI tendría un efecto huida y que un banco de viviendas sería “perfecto si son municipales, pero siendo de particulares suena utópico”.
Apoyo al recurso de casación contra la UTE del agua
El gobierno local también sacó adelante con diez votos y once abstenciones el apoyo al recurso de casación contra la UTE del agua por la modificación de la ordenanza de tarifas aprobada en 2016. PSOE y PP criticaron el movimiento, los primeros al manifestar que si no conocían el coste de ese recurso “era ir a la aventura”, y los segundos por la misma razón, además de recordar que “Intervención ya advirtió en su momento de que una modificación de tarifas podría suponer indemnizaciones”.
La regidora aclaró que el plazo para la presentación de este recurso finalizaba a principios del próximo mes de octubre y que el coste era nulo al incluirse dentro de los servicios contratados con los servicios jurídicos del concello. Y defendió la necesidad de recurrir la sentencia adversa “porque si no hacemos nada y asumimos las tarifas de 2014 son más cuantiosas para los vecinos”.
