La defensa, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado llegaron ayer a un acuerdo minutos antes de que tuviera lugar la celebración del juicio por la trama del IVA en la que aparece involucrada la empresa Conservas Iglesias, de Cangas, a través del que fuera su administrador Ángel Ramón Iglesias Vidal. Hay una sustancial rebaja en la condena respecto de las penas solicitadas por la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal que iban de la mano en la causa.
El acuerdo consiste en que se condena a Ángel Ramón Iglesias por un delito contra la Hacienda Pública en el ejercicio de 2013 a un año de prisión, una resposabilidad civil de 584.000 euros y una multa el doble que la mencionada cantidad. Por el ejercicio del año 2014 se le condena a un año de prisión, no hay responabilidad civil porque el empresario regularizó posteriormente su situación con Hacienda, y una multa de 300.000 euros. Por el delito de falsedad documental se le condena a una pena de 11 meses de prisión.
También se condena a lo mismo al administrador de Economistas del Atlántico, al que se considera colaborador necesario. Quedan libres Economistas Asociados de Galicia S.L. y Asesores del Condado. Ocurre lo mismo con la empresa Conservas Iglesias, para la que la Abogacía del Estado solicitaba una sanción de 800.000 euros, como autora de dos delitos contra la Hacienda Pública, cantidad que si se reclama a Economistas del Atlántico. Se tuvo en cuenta que Conservas Iglesias entró en concurso de acreedores y que fue adquirida más tarde por otra conservera, por lo tanto que ahora no tiene patrimonio.
Las condenas distan mucho de ser las pretendidas por el Fiscal y la Abogacía del Estado, que solicitaban para Ángel Ramón Iglesias Vidal y para Juan Carlos Táboas cuatro años de prisión por el delito contra la Hacienda Pública en el ejercicio de 2013, cuatro años de inhabilitación especial para el derecho de sufragio, la pérdida de la posibilidad de solicitar subvenciones o incentivos fiscales durante cinco años y multa de 1.160.000 euros con 230 días de privación de libertad por impago. También se solicitaba a estos dos acusados por el delito contra Hacienda en su modalidad de agravada correspondiente al ejercicio 2014, donde la cuota defraudadora alcanza los 978.676,89 euros, las penas de cinco años de prisión y una multa de 1.960.000 euros.
El acuerdo fue adoptado ayer ante la jueza del Penal 4 de Pontevedra, por lo que el juicio previsto para las 10.00 horas de ayer no se celebró.
La causa fue iniciada por el fiscal de Delitos Económicos de Pontrevedra, Augusto Santaló en 2016 y supuso la primera querella que tenía a una empresa de Cangas como referencia por delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y blanqueo de capitales para defraudar el IVA entre los años 2012 y 2014. En ella se imputaban a 10 personas y hasa siete empresas de las provincias de Pontevedra y Ourense. El fiscal denunció la emisión de facturas a empresas que reunían una serie de características comunes: estar inactivas, sin empleados, sin cuentas bancarias, ilocalizables o con administradores que niegan la actividad y la facturación, pero en la que existe un vínculo, que se concretará en cada una de ellas con el imputado. Nieto Carballo. Las empresas a las que, según el Fiscal,Conservas Iglesias facturaba de forma ficticia son Priated Produccións, Fontrex Galicia, Equipamiento para Hostelería Llopies S.L. Rol Peixe, Kaxclan S.L. Rodrifer S.L., El León de Papel, Santos Baños, Forestal Vila do Orcellón, ART Café Grupo, Siet S.L., Sinertivas S.L., Serviproyect S.L., EBG Rizos, S.L. y Suárez Iglesias.
