El gobierno bipartito esceneficó ayer sus diferencias en la atípica reunión de portavoces en la que uno de los asuntos que figuraban en el orden del día era el contrato del agua: retomar el expediente de rescisión o negociar con la concesionaria, la UTE Gestión Cangas. (Aqualia y Civis Global) Fue un intercambio de golpes entre el concejal de Facenda, Mariano Abalo (ACE) y el edil socialista, Eugenio González. Cierto que no duró más que un asalto, ya que el gobierno, sabedor de que podía caer en la lona, decidió que este punto solo era para informar. Como ya había prácticamente adelantado, el Partido Popular no acudió.
Y no hubo más acuerdo que el que el gobierno local (ACE-PSOE) tiene la intención de llevar al pleno municipal ambas cuestiones: la negociación con la concesionaria del agua y la rescisión del contrato que, teóricamente, asegura que no son incompatibles. También se confirmó ayer que la propuesta de nuevas tarifas negociada entre alcalde y empresa y que se pasó también a la oposición municipal es la misma que la de febrero de 2016, cuando la hoy portavoz del BNG, Mercedes Giráldez, actuaba de concejala de Obras y era la encargada de negociar, competencia esta última que después le fue arrebatada.
El concejal socialista Eugenio González solicitó que se le entregara una relación de la suma del dinero que hay que pagar a la empresa como consecuencia de los fallos judiciales, del dinero gastado en informes y de las costas de los abogados. Considera que no tiene sentido abrir un nuevo expediente de rescisión cuando las causas no variaron y mantiene que quien incumplió fue el Concello. El PSOE apuesta por la negociación, pero no pone inconveniente a que Mariano Abalo presente el tercer expediente de rescisión de contrato al pleno. Pero por lo que parece tiene la intención de ponerse de perfil, que este caso es abstenerse o hacerlo al más puro estilo Cangas: no entrar en votación.
Por mucho que ahora el gobierno o el alcalde mantenga que la negociación y el expediente de rescisión no son incompatibles, lo cierto es que el regidor local abrió la puerta a la negociación con la UTE Gestión Cangas con la clara y pública intención de terminar con la lucha que mantienen en los tribunales y que, de momento, va ganando por varios cuerpos de cabeza, la actual concesionaria, lo que deja el saldo del gobierno en negativo. No puede extrañar a nadie que abrir otro expediente de rescisión de contrato, el tercero, pude ser considerado por la UTE como un acto hostil. Podría decirse que las partes estuvieron perdiendo el tiempo. Además, el alcalde de Cangas no mencionó en sus reuniones con la empresa un nuevo expediente de rescisión de contrato, algo que se apuró a sacar Mariano Abalo cuando veía que la negociación iba por buen puerto.
Hay que recodar que el gobierno cangués está en minoría, que competencias del pleno que acostumbraban a ser cedidas a la junta de gobierno local no lo están. En este sentido, el bipartito se verá obligado a llevar a pleno todos y cada uno de los proyectos del plan de inversiones que tiene la concesionaria para Cangas y que figuran por contrato. Esto obliga al gobierno a alcanzar acuerdos con los demás grupos si se quiere que los proyectos salgan adelante, bien con el PP, BNG o Avante!. El Bloque no tiene mucha intención de echar una mano al gobierno bipartito en esta cuestión. También se lavará las manos. Lo hará porque en el anterior mandato a Mercedes Giráldez se la dejó en evidencia al retirarle la competencia de negociar con la empresa, cuando ya había llegado a un acuerdo. Y también lo hará porque se le dejó fuera de gobierno. Ayudaron a sacar adelante los presupuestos municipales, así que ahora no tendrán reparos en ver como el gobierno entra en crisis, con enfrentamientos que en el otro mandato se trataban de esconder o maquillar y ahora salen a la luz.
