El 10 de octubre del pasado año iniciaba Luis Barros el derribo de su planta de hormigón de A Portela para trasladarla a Castiñeiras. Se pensaba que así concluía un conflicto que se remonta al año 2006 cuando la asociación de vecinos de A Portela denunció que la nave se encontraba en situación ilegal por realizar una actividad nociva e insalubre. De hecho, en marzo de ese mismo año, el empresario había trasladado ya los silos a otro lugar sin que mediara una orden judicial. Cuando Luis Barros actuó en octubre lo hacía como consecuencia de una comunicación del Concello de Cangas, en la que le comunicaba la orden de ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
Pero el pasado día 11 de febrero, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra remitió una providencia en el que ordena al Concello de Cangas a culminar la ejecución de la sentencia con la demolición de todas las obras del proyecto técnico autorizado por la licencia anulada. "Deberá culminar dicha demolición en el plazo máximo de dos meses". La intención de Concello es comenzar el derribo la próxima semana.
La buena disposición del Concello de Cangas para con la empresa Luis Barros, que pidió unos días para retirar cosas de la nave, va a provocar un cambio de situación que puede modificar el contrato al que había llegado el Concello de Cangas con la empresa a la que contrató para realizar en derribo de las instalaciones por algo menos de 40.000 euros. Y es que ahora el trabajo es menor, por lo que como reconoce el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Hugo Fandiño, habrá que modificar el contrato. Hay que recordar que el Concello de Cangas contrata a una empresa para el derribo pero que después pasará los gastos a Luis Barros. No sentó demasiado bien el comportamiento que la empresa tuvo con el Concello, sobre todo después de actuar de buena fe.
En la providencia de 11 de del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Pontevedra se manifiesta que "visto el informe remitido por el Concello de Cangas se constata que todavía no se ha ejecutado completamente la sentencia, al quedar todavía pendientes de demolición numerosos elementos constructivos".
De momento, el gobierno local de Cangas nada sabe de una supuesta reclamación por daños y perjuicios presentada por la empresa Luis Barros, ya que responsabiliza al Concello de la situación al conceder licencia. Fueron los tribunales de justicia quienes invalidaron la licencia concedida el 6 de junio de 2006, en base, fundamentalmente, a tres argumentos: incompatibilidad de las obras y la actividad a la que vienen de destinadas con la normativa urbanística de aplicación, a que la planta está ubicada en clasificado como rústico y en que no se cubrió el trámite de proceso de exposición pública de la licencia, que es obligatorio al tratarse de una actividad molesta.
Ni el PERI que se prepara para la planta de hormigón de A Portela pudo salvar esta instalación, que siempre quedó fuera del proyecto
Luis Barros y el propio Concello de Cangas, con Mariano Abalo, como edil de Urbanismo, hicieron un último intento para frenar el derribo de las instalaciones. Presentaron ante el TSXG un recurso de inejecución que no prosperó. El Concello defendía esa salida porque lo que perseguía principalmente no era el derribo, sino la paralización de la actividad. El recurso fue rechazado por el TSXG.
