Las uvas de Nochevieja simbolizarán también el cambio de presidencia de la Mancomunidade de Concellos do Morrazo, que pasa de Cangas a Moaña con el nuevo año. Y a la hora de hacer balance de la gestión, en el haber de Xosé Manuel Pazos queda el saneamiento económico, en buena parte derivado del plan de ajuste de obligado cumplimiento y de una segunda prórroga del contrato del servicio de residuos sólidos urbanos (RSU) a la empresa Recolte con unas condiciones más ventajosas, por estar ya amortizada la mayor parte de la maquinaria. En el debe, la falta de reuniones para concretar avances ni ampliar servicios mancomunados más allá de la recogida y tratamiento de la basura y que no haya convocado ninguna asamblea en sus dos años de mandato. La regidora de Moaña, Leticia Santos, con mayor estabilidad política en su gabinete, tiene dos años por delante para encauzar esas propuestas.
Con la aplicación del plan de ajuste derivado del decreto de medidas urgentes contra la morosidad, la Xunta de Goberno de la Mancomunidade decidió que la financiación de las facturas que emitía mensualmente Sogama por el servicio de tratamiento de residuos serían abonadas directamente por los concellos. De este modo, el ente comarcal solo financia, además de diversos costes de funcionamiento indirecto, el servicio de prerrecogida, recogida y transporte que ejecuta a través de un contrato con Recolte, que también se encarga de la gestión y mantenimiento de la planta de A Portela. El plazo del contrato era de ocho años, por importe de 15,8 millones de euros (más IVA), y actualmente se encuentra prorrogado, por segunda vez, hasta el 31 de octubre de 2020, aunque con una rebaja de más de 400.000 euros en la aportación de los concellos, que pagaban en conjunto 2,1 millones de euros al año y en los ejercicios prorrogados solo abonarán en torno a 1.650.000.
Las arcas de la Mancomunidade también se están beneficiando del aumento en 2.500 usuarios registrados en el censo, que pasó de 30.500 a algo más de 33.000 que pagan el recibo tras la actualización promovida en los ejercicios 2014 y 2015. También ha crecido la cuantía económica del padrón, que ha pasado de 2,2 millones a 2,4 y con porcentajes de cobro en período voluntario que superan el 85% y que rondan el 99% en ejecutivo, siendo la morosidad practicamente residual.
Por otra parte, los costes de la concesionaria, que factura mensualmente algo más de 172.000 euros, pasarán a 175.000 tras aprobarse la revisión de precios que solicita con efectos retroactivos, desde mayo de 2017. Así, la Mancomunidade pasará a abonar anualmente a Recolte alrededor de 2,1 millones. A estos gastos de la concesión deben sumarse el importe de los costes de recaudación de la tasa, estimados en 130.000 euros, y los generales de control de la concesión, jurídicos, tributos y de gestión, se estiman en 120.000 euros, por lo que el coste final del servicio alcanza los 2.350.000 euros. Los técnicos del departamento económico ven margen para soportar un incremento del 3% en el servicio de recogida y transporte, hasta los 66.000 euros, siempre que la tasa se mantenga en los actuales niveles de recaudación.
Además de los costes que se financian con la tasa de recogida de residuos, la Mancomunidade do Morrazo tiene otros que se asumen con aportaciones de los concellos integrantes. Por una parte, el reembolso del préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) al amparo de las medidas para hacer frente al plan de ajuste, y que se abona trimestralmente. Por otra, la financiación del coste de Sogama por tratamiento de residuos sólidos urbanos correspondiente al Concello de Bueu. Los técnicos advierten que este apartado es causa del incumplimiento del Plan Municipal de Pagos a proveedores, y que la administración bueuense está abonando hasta con 15 meses de retraso las facturas pendientes, que no se pagan hasta que abona la cantidad correspondiente.
Asuntos pendientes
Lo que no se ha resuelto durante el mandato de Xosé Manuel Pazos en la presidencia de la Mancomunidade es la falta de reuniones y no haber convocado la asamblea. El alcalde de Cangas lo atribuye a la inestabilidad política en el municipio, a los problemas para conformar gobierno y, en consecuencia, para nombrar a sus representantes en el ente comarcal. Los problemas de salud del regidor no han ayudado a agilizarlo. Tampoco se han dado pasos definitivos para adjudicar el contrato de RSU, que sigue prorrogado, ni para ofrecer más servicios mancomunados, asuntos que hereda Leticia Santos.
