La concejala y portavoz del grupo municipal del BNG, uno de los tres socios del gobierno tripartito, tampoco se enteró de la suspensión cautelar del proceso participativo hasta primera hora de la tarde de ayer, cuando sus compañeros le notificaron que se había recibido en el Concello la notificación. Y su reacción fue de "sorpresa e indignación" por lo que consideran "un exceso de intromisión do Estado" en el funcionamiento de los municipios y sus mecanismos para conocer las opiniones o preferencias de los ciudadanos a los que representan. "É a aplicación do [artículo] 155 en Cangas", manifestó, haciendo un paralelismo entre lo que sucede en Catalunya y lo que está pasando ahora por una "consulta popular intrascendente" y que no debería provocar esa reacción "política nin xudicial".
La edil nacionalista señaló que, aunque haya que acatar el mandato judicial, los representantes del gobierno se reunirán para decidir los pasos que se van a dar en adelante, probablemente de forma consensuada. Ayer mantuvieron los primeros contactos y hoy tienen previsto un nuevo encuentro en el que se debatirá este asunto. Giráldez lamenta que la autonomía municipal vuelva a ponerse en entredicho y que lo sea por una cuestión de este calado, ya que la opinión expresada en las urnas debería ser refrendada luego por el Pleno de la Corporación canguesa.
