Desde el gobierno cangués han reconocido en alguna ocasión que ese "desequilibro contractual" se produce porque la aplicación de las tarifas de 2014 en 2015 es un hecho y la decisión la tomó el Concello, aunque también advierte del incumplimiento por parte de la empresa al prestar un servicio que consideran deficiente y por no invertir en mejorarlo.
El tripartito optó por ganar tiempo a la espera de un acercamiento con la concesionaria para aprobar unas tarifas definitivas a aplicar desde 2016 y que sean menos gravosas para los usuarios, a cambio de que la concesionaria reduzca el montante de la inversión comprometida, probablemente de 3,5 millones a 1,5, según figuran en informes solicitados a la consultora Lagares para modificar capítulos sin romper el referido equilibrio económico ni llegar a judicializar el asunto.
El principal caballo de batalla parece estar en la reducción de la cuota fija trimestral, aunque su supresión se da por imposible. En sucesivos "ajustes" que baraja el Concello, el importe fijo por abastecimiento ha pasado de 5,33 euros a 4, y el de saneamiento, de 9,50 euros a 8,50, al igual que la depuración. El total bajaría de 23,83 euros a 21, pero el tripartito pide más.
