La Concejalía de Seguridade e Tráfico del Concello de Cangas que dirige María Luisa Prieto quiere desde un primer momento demostrar que la ordenanza por la convivencia, más conocida como ordenanza "antibotellón" es eficaz y práctica. Así, el pasado fin de semana la Policía Local inició las primeras inspecciones relacionadas con la citada ordenanza, que entró recientemente en vigor al ser publicada por el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) tras ser aprobada definitivamente por el pleno. Como resultado de este trabajo, en la madrugada del domingo fue denunciado un joven de Cangas, J.L.N.., de 19 años de edad, por orinar en la vía pública, en dirección a un edificio situado en la avenida de Marín. Se da la circunstancia de que el joven vive a solo unos metros de lugar de donde fue identificado por la Policía Local. El supuesto infractor se enfrenta a una multa de entre 50 y 199 euros, según establece la propia ordenanza municipal.

Al mismo tiempo que se realiza este trabajo de inspección, la Concejalía de Tráfico e Seguridade pone en marcha una campaña informativa y de sensibilización hacia este tipo de conductas, "que tantas molestias ocasiona a los vecinos y que hace difícil armonizar el descanso con el ocio nocturno. La campaña se llevará a cabo de manera coordinada con las concejalías de Cultura, Xuventude y Servicios Sociales.

La Policía Local ya dispone de modelos de denuncia por incumplimiento de la ordenanza de convivencia, incluso puede denunciar las infracciones recogidas en la ley de prevención de bebidas alcohólicas de la Xunta, que prevé multas que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros, en los casos de que sean menores los que consuman alcohol en la vía pública, sanciones que deberán abonar sus padres o sus tutores.

En estos momentos, el Gobierno de Mariano Rajoy prepara una ordenanza antibotellón que teóricamente acabará con los lugares que los concellos tienen habilitados para celebrar el botellón, como el helipuerto, en el caso de Cangas. En la ordenanza municipal de este municipio ya se erradicaron las zonas habilitadas, sin embargo se mantiene una permisividad casi absoluta. La Policía Local solo está pendiente aquí de que no haya reyertas, ya que casi el 100% de los jóvenes que acuden al botellón del helipuerto incumple la nueva normativa municipal. El espíritu de la nueva ley que prepara el Gobierno de Rajoy es precisamente acabar con estas "reservas".

Cabe recordar que la ordenanza de Cangas establece que como infracciones muy graves la concentración de personas en vías y espacios públicos, en las que se consuman bebidas o realizando otras actividades, no autorizadas que altere la pacífica convivencia ciudadana (exceptuando las concentraciones o manifestaciones vecinales pacíficas) y vender, distribuir e suministrar bebida en vías y zonas públicas, incluso desde vehículos automóviles, caravanas o similares, cuando se realicen a título oneroso o gratuito (excepto aquellos que están autorizados por el Concello). Todo esto ocurre en el helipuerto. Las sanciones son de 500 a 700 euros.