El Consello de la Xunta aprobó en su reunión de ayer la ampliación de capital para la empresa pública Xestur Pontevedra. Esta decisión supone una inyección económica de 4,5 millones de euros, una cuantía que se reparte entre el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Consellería de Economía y Diputación de Pontevedra. El objetivo es salvar de la “quiebra técnica” a la sociedad pública, que es la que en teoría debe impulsar el desarrollo del futuro macropolígono de O Morrazo.
Los responsables autonómicos aseguran que el año 2008 se cerró con un resultado negativo de 17,3 millones de euros y las pérdidas totales alcanzan los 26 millones. Con la ampliación de capital se pretende evitar que Xestur “permaneza en situación de disolución obrigatoria por perdas que deixan reducido o patrimonio neto a unha cantidade inferior á metade do capital social”. Así, el IGVS aporta 2,7 millones de euros, con lo que su participación en la sociedad será del 62,06%; la Consellería de Economía destina 1,4 millones y su participación se situará en el 31,8%; y la Diputación de Pontevedra pondrá 275.000 euros, hasta llegar al 6,13% de la sociedad.
La institución provincial deberá realizar en los próximos días una modificación de crédito para afrontar esa aportación y atribuye la actual situación financiera de Xestur a “una absoluta falta de estrategia empresarial y planificación económica” por parte de la anterior dirección del bipartito PSOE-BNG. Esta misma semana ha hecho público un informe económica en el que asegura que las ventas previstas en los presupuestos de 2008 eran de 48 millones de euros, “cuando en realidad fueron de 8,3 millones”. Añade que “las ventas previstas, irreales e infladas, para el año 2009 era de 95 millones de euros, pero hasta el 30 de junio fueron de 3,3 millones”.
Situación actual
En ese documento también se alude al polígono industrial que está previsto ejecutarse en terrenos de las parroquias de Beluso y Aldán, con una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados. La inversión total prevista es de 119 millones de euros y se dice que está en situación de “tramitación del planeamiento y en expediente expropiatorio”. Hace casi un año que se sacó a exposición pública el Informe de Sustentabilidade Ambiental (ISA) y el proyecto de urbanización, que recibieron más de una treintena de alegaciones. Desde entonces, el proceso está completamente bloqueado y las cuantías que se recogen en el próximo presupuesto de la Xunta de Galicia son de una cuantía menor.
